Según el documento, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las dos facciones de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo contaban, en ese periodo, con 16.770 miembros en sus filas, lo que representa un aumento del 11% frente a igual periodo de 2022. Puede el observador inferir que, en el segundo semestre de 2023, tiempo aún no revelado, el incremento debió ser mayor.
El Clan del Golfo, según el informe, fue el grupo que más creció, pues cuenta al menos con 5.000 miembros, lo que supone un crecimiento del 23 % frente a 2022, presente en 208 municipios, en 15 departamentos, especialmente en el Caribe colombiano. Le sigue el Eln, con un crecimiento del 5,3 % a junio de 2023 si se compara con igual periodo de 2022, con 6.158 combatientes en 185 municipios, en 19 departamentos, a pesar -¿o como efecto?- de las negociaciones.
En tercer lugar, figura el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (Emc), con aumento del 9% al pasar de 3.545 en 2022 a 3.860 en el periodo analizado de 2023, y presencia en 172 municipios. Y en cuarto lugar la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las extintas Farc, con 1.751 integrantes, con el menor crecimiento para el periodo analizado, de 100 personas más.
La consecuencia de este impactante crecimiento es conocida por todos: un doloroso control social y político de las comunidades donde despliegan sus acciones, y la sucedánea sensación de inseguridad en todo el territorio patrio, en el que la mayoría de los ciudadanos percibe el entorno con miedo o ansiedad, y sin esperanza de que las cosas van a mejorar en materia de seguridad y convivencia.
No es casual que justo en estos días el relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, denunciara la grave situación de los derechos humanos de las diferentes etnias del país, que sigue siendo “... crítica y profundamente preocupante”, a pesar de “la actitud abierta y el espíritu de colaboración” de las instituciones para “reconocer la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas”. Es que, de los 102 pueblos indígenas, 71 se encuentran, nada más y nada menos, que en riesgo de extinción física y cultural debido a la “falta de aplicación efectiva de sus derechos”, pero también como consecuencia del conflicto armado.
Aunque el relator también lo dejó ver, es común la apreciación en cuanto a que la falta de presencia del Estado ha puesto a estas comunidades, pero igual al resto del país, incluso en zonas urbanas, a merced de los grupos armados. ¿Hay voluntad de enmienda?
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