En medio de un escenario político ca- racterizado por la polarización y el disenso, es raro que se den puntos de encuentro entre las diferentes fuerzas políticas, por lo que la reciente aprobación de la reforma pensional en el Senado colombiano es un claro ejemplo de cómo el consenso sí puede darse en beneficio del país. Esta reforma, largamente esperada, que ahora hará curso por la Cámara de Representantes, es un paso crucial hacia la justicia social en Colombia.
Es innegable que el sistema pensional en Colombia necesitaba una revisión profunda. Las estadísticas hablan por sí solas: cerca del 26% de los adultos mayores de 60 años viven en la pobreza en Colombia, una cifra alarmante que supera a países vecinos como Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Además, solo el 24% de las personas en edad de pensión reciben una mesada de al menos un salario mínimo, y solo el 5% son mujeres. Estas cifras reflejan una realidad preocupante que demandaba una acción urgente por parte del Estado, algo en lo que amplios sectores de la Nación están de acuerdo.
La reforma pensional aprobada hasta ahora, aborda varios aspectos críticos del sistema actual, como lo es el problema de la inequidad en el acceso a las pensiones, situación en la que la mayoría del país coincidía sobre la idea de que era hora de corregirla y de darle soluciones de fondo. La reforma, en efecto, apunta a corregir las disparidades existentes, al buscar la implementación de medidas para limitar las pensiones excesivamente altas y eliminar los privilegios injustificados, lo que debe redistribuir de manera más equitativa los recursos del Estado en esta área.
Sin embargo, a pesar de los beneficios evidentes de esta reforma, en distintos sectores nacionales han surgido preocupaciones legítimas sobre su implementación y posibles repercusiones y manipulaciones de orden político, pues la entrada en vigor de la reforma, que se ha dicho que quedará programada para junio del próximo año, coincide con el período previo a las elecciones de congreso y presidenciales de 2026, tiempo en el que estarán proponiéndose y consolidándose los aspirantes a estas posiciones.
Existe, entonces, el riesgo de que los subsidios relacionados con la reforma sean utilizados con fines proselitistas, lo cual podría socavar su legitimidad y convertir algunos componentes de la reforma pensional en un arma política más que en una solución real para los problemas del país, luego para evitar que esto ocurra, es fundamental que se implementen mecanismos de blindaje que garanticen su integridad. Es responsabilidad de los actores políticos y la sociedad, asegurar que esta reforma se lleve a cabo de manera transparente y sin interferencias clientelistas.
En conclusión, la reforma pensional aprobada en el Senado colombiano representa un paso significativo hacia la construcción de un sistema pensional más justo y equitativo. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la voluntad política para implementarla de manera adecuada y protegerla de la politización. Solo así podremos garantizar un futuro más seguro y digno para todos los colombianos en su etapa de retiro.
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