Los magistrados corroboraron que el mandatario, el 11 de octubre de 2008, suplantó la firma del representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado (Cootservisur Ltda.) con el propósito de obtener un retiro por la suma de $4.5 millones. 

El Tribunal desestimó el argumento del abogado de Arce que apuntaba a una supuesta prescripción de la acción penal, pues, según él, entre la fecha de los hechos y el 26 de marzo de 2018, cuando se da el traslado del escrito de acusación, había transcurrido más de nueve años, término máximo señalado para el delito que se le endilgó. 

“No obstante, tal postura no es acertada, porque olvida el defensor que el término de prescripción fue interrumpido el 27 de septiembre de 2017, cuando le fue trasladado por primera vez el escrito de acusación al procesado y a su defensor”, se lee en la sentencia.

En calidad de testigo, Eliana Isabel Urueña Arana, secretaria de la cooperativa, relató que Arce la citó a las instalaciones de la entidad para gestionar el retiro del dinero y presenció cómo firmó la autorización de retiro a sabiendas de que el único autorizado para firmar era el señor Fredy Carvajal Duque, entonces representante legal. 

Aunque la defensa buscó restar credibilidad al testimonio de Urueña, por considerar que tenía interés en el proceso, pues fue señalada como partícipe del delito, el Tribunal concluyó que esto no es admisible, “porque en la actuación solamente se le formuló cargos al acusado Arce, por tanto, es claro que no existe un interés por las resultas del proceso, pues en nada le afecta la condena o absolución del enjuiciado”.

Dato

Antonio París, abogado del mandatario, dijo que interpondrá recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, mientras tanto Arce continuará en el cargo. 

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