En el periodismo hay una máxima que se enseña en las universidades, y una vez el recién graduado periodista llega a las salas de redacción, la escucha repetirse hasta el cansancio sin saber a ciencia cierta quién y cuándo la dijo: “El periodismo es la voz de los que no tienen voz”.

Pero esta premisa parece que se cumple poco en Colombia. “El conflicto armado estableció las condiciones ideales para que el silencio y la censura se instalaran en ciudades y pueblos”, explica la Flip en la investigación El País del Silencio, en la que se refleja que, de 994 localidades mapeadas, 585 carecen de medios dispuestos a informar, y si los hay, se dedican a entretener con música o a labores comerciales.

Jonathan Bock Ruiz, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Flip, quien dirigió la investigación, señala que aparte del conflicto armado hay otras razones por las que en estos territorios la prensa no existe.

“Hay municipios donde el comercio no es lo suficientemente fuerte como para sostener un medio de comunicación y en muchas de estas zonas no hay formación en periodismo, lo que hace que no haya espacios para que surjan, tampoco se ve que haya periodistas que busquen tener sus espacios”, afirma Bock.

Preocupa que en esos territorios hay por lo menos nueve millones de colombianos (dato estimado sobre el último censo del Dane) que no consumen información local, y se enteran de las noticias de manera informal: por lo que se comenta en el parque, en la iglesia, en los billares o lo que cuenta el vecino.

“Esto limita saber lo que realmente pasó, por ejemplo, en la adjudicación de una obra, en un contrato mal hecho. Esto lleva a comentarios hechos a la ligera y termina distorsionando la información que algunas veces se minimiza o se exagera”, enfatiza Bock.

Una prensa silenciada

El 12 de agosto de 2014, las balas silenciaron al que en su momento fue llamado el periodista más amenazado de Colombia: Luis Carlos Cervantes. En su celular llegó a recibir hasta 17 amenazas en un día, como lo certificó la Fiscalía, y fue objeto de intimidaciones con panfletos y ataques, incluso con granadas tiradas a su casa en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

Cervantes contó con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, pero el 23 de julio de ese año, un mes antes de su muerte, le notificó que le fue retirado porque en la evaluación había desaparecido el riesgo debido a que llevaba un tiempo dedicado a programar música.

El día de su muerte, Cervantes fue citado al corregimiento La Caucana de Tarazá, para entregarle una información. Cuando se movilizaba en una moto, tres sujetos le dispararon causándole la muerte.

Por este homicidio, el 15 de enero de 2016 el juzgado Tercero penal del circuito especializado de Antioquia condenó a 31 años de prisión a Javier Vega Osorio, alias “Morroco”, como determinador. Así mismo, el pasado 1 de junio, casi cuatro años después del asesinato, el juzgado Sexto administrativo oral del circuito de Medellín encontró a la UNP culpable por desproteger la vida del reportero y la obligó a pagarle una indemnización a la familia del periodista.

Las agresiones a la prensa son de esos asuntos que según la Flip no permite que haya información local en zonas de alto riesgo. En el 2018 hubo 443 violaciones que dejaron 568 víctimas. Entre los hechos más graves está el asesinato de cuatro reporteros y el desplazamiento forzado de cuatro más, el hostigamiento a 50 redactores, agresiones a 34, obstrucción del trabajo periodístico a 58 y las amenazas a 251.

Para acabar con este panorama, el pasado 20 de noviembre el presidente Iván Duque firmó el decreto (que no ha hecho público) con el que se pretende proteger a líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

“Nos duele cualquier hecho criminal contra los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Enfrentamos estos crímenes con determinación. No queremos impunidad frente a estos hechos”, expresó Duque al firmar esta normatividad.

Pese a la buena intención, periodistas en las regiones esperan que la propuesta no se quede en el papel porque las condiciones a la hora de ejercer son cada vez más difíciles.

Así lo cuenta Francisco Calderón, redactor judicial del Cauca, quien considera que las dificultades pasan desde lo económico hasta la seguridad, porque en las zonas hay presencia de grupos armados.

“En esta región los medios son microempresas que a veces evalúan si envían o no a alguna zona apartada por lo costoso del transporte y la estadía. Hay localidades de difícil acceso, con desplazamientos de seis y ocho horas para llegar a centros poblados, y eso es un riesgo”, dice Calderón.

Para el reportero, esa lejanía es otra dificultad porque en estas zonas distantes los ilegales imponen su ley “donde el Estado nunca ha estado, y es más complicado porque las disidencias son más militares que políticas, y para entrar hay que pedirles permiso”.

Calderón toca otro tema esencial: la economía en un medio de comunicación es vital, y como dice Bock, de la Flip, el sostenimiento es costoso. Además las garantías laborales no son las más adecuadas y “hay reporteros que no cuentan con contratos, no tienen seguridad social y todo debe salir de su bolsillo”.

Según la Flip, en Cauca hay, por ejemplo, 23 periodistas de las regiones vinculados por venta de publicidad (no incluye Popayán), y en Casanare, tan solo seis periodistas ganan poco más del salario mínimo mensual legal vigente ($781.242), 10 ganan un salario mínimo, y nueve ganan menos de $781.000.

La situación no es diferente en Nariño. En este departamento, de 127 medios de comunicación, 22 pagan más del salario mínimo; en Córdoba, de 74, 32 pagan menos de $781.000; y en Amazonas, de 12 medios existentes, cinco no vinculan laboralmente, igual sucede en Norte de Santander, donde 42 medios no ofrecen contratos a los reporteros.

A esto se suma que hay departamentos como el Meta en el que el 14% de los medios de comunicación pertenecen a la Fuerza Pública, y otras regiones como la zona fronteriza donde las emisoras clandestinas de la guerrilla, como Antorcha Estéreo del Eln, son las que brindan a la población la información de uno de los actores del conflicto armado.

“La verdad os hará libres”

Winston Viracachá es un periodista que lleva más de 25 años en la profesión. En Tumaco, región donde ejerce, ha llegado a zonas a las que no entran otros reporteros.

En octubre de 2017, cuando en el Alto Mira y Frontera se presentó la masacre de cinco campesinos cocaleros y las autoridades señalaron a Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, como el responsable, fue el primer periodista en entrevistarlo en Colombia y le mostró la cara al país del hombre que cinco meses después asesinó al equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador.

Nariño, donde ejerce Winston, es uno de los departamentos donde la prensa es más silenciada. Dice la Flip que en ese territorio se reflejan todos los problemas del periodismo: hay déficit de medios, no hay periodismo de investigación por temas de seguridad, pocas fuentes de financiamiento y difíciles condiciones laborales para los periodistas. Solamente 22 medios, de los 127, pagan más de un salario mínimo mensual legal vigente a sus periodistas, y en 63 medios estos no tienen una vinculación laboral.

Aun así, Viracachá cree que se hace buen periodismo “con las uñas”, lo importante es que la base sea la verdad.

“Lo más difícil es narrar los hechos como son en este departamento que aun después de dos años del Acuerdo con las Farc, no ha vivido un solo día en paz. Además, recuperar la credibilidad de las comunidades ha sido muy duro, la estigmatización es fuerte, todo porque desde Bogotá los titulares son tan sensacionalistas que no contrastan con la realidad de lo que vive el departamento”, cuenta Viracachá.

El avezado reportero agrega que esa estigmatización pasa por la Fuerza Pública que los señala de colaboradores con grupos ilegales si van al territorio, y por las comunidades que los sindican de colaborar con el Ejército y la Policía si hacen periodismo desde los escritorios.

Dice Javier Darío Restrepo en su libro Cartas de Guerra, que en un conflicto armado “la verdad se da de baja, pero además se trata de impedir que renazca (...) y si se fusila la verdad en nombre de una ley marcial, la población pierde su derecho a una información veraz y oportuna, y junto con ese derecho fundamental, pone en peligro los demás derechos” y esos son los que se siguen perdiendo en Colombia cada vez que se silencia a un periodista o se acaba un medio de comunicación.