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La Contraloría del Tolima generó dos hallazgos administrativos, uno disciplinario y otro penal, tras adelantar una actuación especial de fiscalización en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, Espag, de Armero – Guayabal. La revisión se hizo tras recibir una denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución de siete contratos de 2019 y dos de 2020.
En el informe se describe que la gestión y actuaciones administrativas adelantadas en la época de los hechos “no cumplieron con los principios de economía y legalidad, al haberse presentado una inadecuada utilización de los recursos públicos (…)”.
Para este caso, los contratos tenían como finalidad adquirir por prestación de servicios técnicos de operación y mantenimiento a todo costo, el buen funcionamiento del sistema de alumbrado público. Los nueve contratos sumaron $354 millones 058 mil 472.
Aunque se cumplió con la etapa contractual, el ente de control dejó un primer hallazgo administrativo porque al revisar los estudios previos, ofertas y minutas de los contratos, se evidenció que no se detallaron valores, cantidades a entregar, sino que se hizo de forma globalizada.
Alteración de documento
El segundo hallazgo que tuvo incidencia disciplinaria y penal surgió, porque presuntamente, dos pólizas de cumplimiento fueron alteradas, esto teniendo en cuenta que aunque una fue expedida el 3 de julio de 2019 y tenía vigencia hasta el primero de octubre registraba el mismo número que otra que tenía vigencia del primero de agosto de 2019 hasta el primero de noviembre de dicha vigencia.
Ambas pólizas se habrían expedido en Tuluá (Valle) y amparaba los riesgos de uno de los contratos que ascendía a $24 millones 600 mil. Ante el hecho, la Contraloría ofició a la aseguradora Seguros del Estado S.A. para que certificara la existencia, la respuesta fue que una vez se hizo la verificación en sistemas y archivos “se encuentra que la garantía remitida, no corresponde a un contrato de seguro expedido por esta aseguradora”.
Además, la póliza referenciada fue expedida “a un tomador distinto, figurando como asegurado a su vez otra sociedad”. Además, Seguros del Estado agregó que el documento no era auténtico pues tenía varias diferencias con los expedidos por ellos, como un tipo de letra distinto, código QR mal situado, “el valor de la suma asegurada no guarda coherencia alguna con la tasa que por prima habitualmente cobra la compañía por este tipo de riesgos”.
Y precisó que, debido a que la póliza no fue expedida por dicha aseguradora “no existe cobertura de los posibles perjuicios que se pudieran derivar del presunto incumplimiento del contrato por parte de Diego Fernando Urrea Chávez, en desarrollo del objeto contractual celebrado con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero – Guayabal”.
Ante este posible hecho de adulteración de documentos, Seguros del Estado anunció que procedería a instaurar la respectiva denuncia penal ante la autoridad competente.
Sobre este hecho la Contraloría precisó que los encargados de intervenir en la aprobación de las pólizas en el contrato “no realizaron la adecuada valoración del cumplimiento de los requisitos legales que debía contener las respectivas pólizas, dejando sin cobertura los posibles perjuicios que se pudieran derivar del presunto incumplimiento del contrato por parte de Diego Fernando Urrea Chávez, actuar administrativo ineficiente y antieconómico (…)”.
Igualmente, precisó que la responsabilidad recae sobre el gerente y el supervisor de los respectivos contratos, al igual que el contratista, por lo que el caso fue trasladado a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación.
De otra parte, tras revisar varias visitas para corroborar el trabajo adelantado, la Contraloría determinó que “lo entregado por el contratista corresponde a las obligaciones pactadas para satisfacer necesidad del contrato”.
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