La Unión Patriótica mediante un comunicado denunció a las Fuerzas Militares de ejercer un plan de capturas contra personas del Suroriente del Tolima. La UP señala estos actos como una ‘cacería de brujas’ y recordó otros casos de presuntas detenciones sin sentido.

El documento además dice que desde 2003 se han denunciado casos similares de personas capturadas sin motivos precisos y que, a la postre, los señalados han tenido que ser puestos en libertad al no hallarse ninguna culpabilidad.

En la misma misiva, el movimiento político de izquierda hizo una serie de exigencias al Gobierno central para que le garantice a la población del Suroriente algunos derechos que para ellos han sido vulnerados.

La denuncia fue efectuada por el caso registrado el pasado 14 de noviembre, cuando la Quinta División del Ejército entregó a la opinión pública un boletín de prensa, donde se informó la captura de tres hombres, sindicados de ser presuntos colaboradores de las Farc.

La discordia

La información suministrada por el Ejército detalló que en una operación conjunta, coordinada y desplegada por las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, de Cundinamarca y Tolima, se logró la captura de Oliverio Doncel Cendales alias ‘Joso’; José Raúl Ramírez Cendales, alias ‘Raúl’; y Salvador Aponte Vásquez, alias ‘Aponte’.

De ellos, dijeron que serán procesados por el delito de Rebelión y que eran solicitados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Carmen de Apicalá.

Asimismo, que gracias al suministro de información civil, se desarrolló el operativo en la Vereda El Triunfo de Icononzo, donde se detuvieron a las personas; quienes estarían detrás de la inteligencia de las Farc, pues habrían entregado informes a los cabecillas del Frente 25, para planear acciones terroristas.

Respuesta

Entre los puntos enumerados en la carta de la UP, hay unos que rezan: “Las detenciones son producto de montajes fabricados por la inteligencia militar, que echa mano de testimonios armados en batallones, utilizando delincuentes pagos para judicializar inocentes, constituyéndose en un ‘falso positivo judicial’.

“En esta ‘cacería de brujas’ contra líderes y agricultores de la región, queda al descubierto el maridaje y contubernio existente entre los organismos represivos militares y judiciales con sectores políticos empotrados en las administraciones, los cuales son funcionales a los planes de guerra y exterminio permanente contra las comunidades”.

En el punto Sexto, la denuncia es fuerte: “Lo que realmente se esconde detrás de toda esta estrategia de guerra y represión, son los intereses económicos del gobierno y sus aliados las multinacionales del sector mineroenergético, que ven una extraordinaria riqueza natural en la eco región”.

Entre algunos antecedentes la UP reseñó el sucedido en mayo del año pasado así: “Como antecedente más reciente de esta campaña de persecución, está la detención de ocho campesinos, líderes políticos y agrarios en Dolores, Prado y Colombia (Huila) sindicados de rebelión”.

Finalmente la UP entregó una serie de exigencias al Gobierno nacional, entre ellas, que “se garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales, protección a la honra, dignidad, entre otros”.

A la administración seccional le escriben que: “Cumpla con los compromisos asumidos con los campesinos e indígenas en el marco de las últimas movilizaciones”.

Víctimas enunciadas

Ana Rosa Pacheco de Lozano
Atanael Martínez Rodríguez
Joel Tique Marroquín
Benjamín N.
José Gilberto Torres
Freddy Sánchez Hernández
José Édgar Sánchez
Luis Peña
Jorge Ortega
José Amariles
Dora Ríos
José Mario Guerrero Garzón
Héctor Jairo Yate Ramírez
Rafael Antonio Murillo
José Yovany Parra Godoy
Esneider Díaz Díaz
Rosemberg Ramos
Adolfo Tique
José Wilmar Giraldo Vargas
Aquileo Herrera Romero
Miryam Tamara de Hernández
Carlos Alberto Vargas