La evidente y presunta negligencia de la excomisaria de familia de Armero - Guayabal, Katerine de los Ángeles García Rodríguez, desde el inicio del proceso de Sara Ayolina Salazar, de tres años, asesinada, torturada y abusada sexualmente, quedó expuesta en la tarde de ayer durante la audiencia concentrada ante el Juzgado Segundo de Control de Garantías de Ibagué.

La mujer dejó su cargo que fungió por varios años en Armero - Guayabal y luego desapareció para las autoridades que adelantaban una investigación en su contra, y fruto de dicha indagación, el 4 de julio del presente año, un Juez de Rovira ordenó la detención de ella por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Los policías de la Sijín procedieron a hacer efectiva la detención el 21 de julio y fueron al barrio Ayudémonos de Armero – Guayabal donde no la encontraron y se enteraron de que había renunciado y que ya no estaba en el pueblo.

Algunas personas comentaron que estaría en Ibagué. Días después, un informante llamó a la Sijín y confirmó que García se encontraba en la casa 59 de la manzana Q de la Novena etapa del Jordán, (Ibagué).

Un grupo de agentes llegó al lugar, pero en un principio negaron la presencia de García. Tras la insistencia de los uniformados y pasados unos minutos, una de las personas fue al segundo nivel de la casa donde estaba la mujer.

No obstante, al sitio llegó un abogado y posteriormente la excomisaria fue detenida a las 7:30 de la noche del sábado.

La audiencia

García, de 37 años, abogada especialista, compareció en la audiencia en la que la Fiscal 55 Seccional de Ibagué reveló tres causas que evidenciaron un prevaricato por acción y un prevaricato por omisión.

El presunto mal proceder de García, inició en 2016 cuando Rut Salazar, mamá de ‘Sarita’, la dejó con los padrinos de bautismo, Ángela Johana Guerra y Edilberto Rojas.

Guerra, manifestó su intención de quedarse con la pequeña ya que Salazar no tenía el dinero para alimentarla y viajaba constantemente. Además, ‘Sarita’ quedaba al cuidado de su hermano David Salazar, quien presuntamente consumía droga.

Por lo anterior, la hoy exfuncionaria, creó un acta de custodia solidaria, figura que no existe en la legislación colombiana, así lo indicó la Fiscal.

Según el ente acusador, García debía inicialmente agotar las instancias que demanda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Por ejemplo, hacer un llamado de atención a Salazar o vincular a ‘Sarita’ en un programa de alimentación del Icbf.

De igual forma, antes de dejar a ‘Sarita’ con los padrinos, ella debió buscar familiares cercanos o iniciar otro proceso como lo estipula el protocolo del Icbf, pero no lo hizo.

La omisión

El 21 de abril del presente año, a las 11 de la mañana, García fue alertada del caso de maltrato y presuntos tocamientos sexuales contra ‘Sarita’, pero ella no le habría dado la importa que requería el caso, así lo argumentó la Fiscalía.

Además, no atendió el llamado que hizo la Comisaría de Familia de Líbano quien pidió una intervención urgente con la niña. La opción más acertada era retirar a la menor de la casa de sus padrinos y tampoco lo hizo.

Eventos de maltrato severo fueron evidentes y, según el ente acusador, la Comisaría de Familia de Armero – Guayabal tenía información y sus funcionarios no hicieron nada, hasta que la pequeña murió en el hospital Federico Lleras Acosta.

Los padrinos fueron los primeros detenidos

El 4 de mayo del presente año la Policía capturó a Ángela Johana Guerra, madrina; y a Edilberto Rojas, el compañero sentimental de Guerra.

A la mujer l e imputaron cargos por homicidio agravado, tortura agravada y violencia sexual, al esposo de la mujer el delito de tortura.

Ambos actualmente están en la cárcel de Picaleña esperando las audiencia siguientes.

No podrían dar con el abusador

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia fue escuchar a la Fiscal decir: “no vamos a saber quién es el agresor sexual de la criatura”.

Con relación a esto, argumentó que si García hubiera informado a tiempo los funcionarios pudieron haber recolectado evidencia genética en el cuerpo de ‘Sarita’, Con esto, no solo hubieran hallado un espermatozoide, sino más pruebas y así ubicar al sospechoso.

Trató de obstruir el trabajo de la Fiscalía

El 2 de mayo de 2017 la oficina de la Comisaría de Familia de Armero – Guayabal fue allanada, toda vez que la exfuncionaria no aportó toda la documentación para la investigación.

En la diligencia los policías encontraron en una caneca documentos relacionados con el caso de ‘Sarita’.

Dato

La mujer no aceptó la imputación de cargos y fue enviada a la cárcel de Picaleña. 

Cifra

5 fiscales y 20 investigadores trabajaron en el caso.