La decisión fue producto de una solicitud elevada por la abogada Yessika Hoyos, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en representación de la familia de la víctima. Una de sus consecuencias más importantes es que se reconoce que la investigación penal en el caso no prescribe y debe ser integral.

"Esta decisión reconsideró otra de la misma Fiscalía, el pasado 19 de junio, en la cual el ente investigador afirmó que no estaba probada dentro del sumario que el asesinato hiciera parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra los militantes del Partido Comunista y miembros de la Unión Patriótica, y que el contexto de violencia sociopolítica que rodeó el ejercicio político y social de Poveda no constituía automáticamente la causa de su asesinato", reseñó Cajar.

Frente a esta resolución, el 27 de julio, el Colectivo presentó un recurso de reposición, en donde argumentó que dentro del sumario si había suficiente material probatorio para establecer que el homicidio de Julio Poveda respondía a los criterios contextuales de sistematicidad y generalidad requeridos para declararlo como un crimen de lesa humanidad en reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

Para el colectivo, la importancia de esta decisión radica en que tanto la Fiscalía 75, como la representante del Ministerio Público, reconocen que es cierto que durante veinte años se ha defendido institucionalmente una teoría del caso lo suficientemente sólida para concluir que el homicidio de Poveda se dio de acuerdo al contexto de violencia sociopolítica y en virtud de sus calidades personales, preferencias políticas y activismo social.

Así las cosas, la Fiscalía reconoce que era evidente que el propósito del homicidio a sangre fría, atendió a su condición humana de líder sindical, agrario y militante de partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista de Colombia y la Unión Patriótica.

En segundo lugar, afirmó que era cierto que Poveda era una persona amenazada, que vivía prevenida en razón del ejercicio de su activismo sindical, político, agrario y social. Amenazas que debieron ser atendidas por el Estado colombiano en el contexto de violencia sociopolítica en el que vivía, y que se extendieron y materializaron en el amplio círculo social y familiar al que pertenecía.

"En este punto, la Fiscalía reconoce que el líder social y político era el blanco perfecto para el accionar de los grupos armados ilegales, por lo que su activismo social fue el móvil de su asesinato, al igual que en los casos de otros importantes líderes agrarios como Victor Julio Garzón y William Jaimes", dijo el colectivo.

En el documento, la Fiscalía afirmó que la muerte de Poveda Guata sí obedeció a un plan premeditado, que involucró su perfilamiento y persecución para ser vilmente asesinado. Actos que, sumados a la desprotección por parte del Estado colombiano, quien no le brindó la protección que requería a él ni a los miembros de sus colectividades políticas, dejaron miles de víctimas.

Esta decisión representa un avance en el reconocimiento estatal de la sistematicidad y generalidad en las conductas criminales que tuvieron que soportar miembros del Partido Comunista como de la Unión Patriótica, como referentes históricos de la esperanza de cambio institucional del Estado colombiano.

Por otro lado, constituye un referente que reconoce que miembros de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (Fenacoa) fueron perseguidos y asesinados por su labor de defensa de la reforma agraria y de los intereses del campesinado colombiano.

"Esto pone de presente que este frente de activismo social y movimiento popular también soportó las consecuencias de una violencia sociopolítica descarnada y degradada que resultó en la eliminación de las voces referentes de reivindicaciones como la reforma agraria, la desconcentración de la propiedad de la tierra y la visibilización del movimiento agrario. Tal era el talante y la importancia de la voz y pluma incisiva de Julio Poveda, y de la inmensidad del vacío que dejó su acallamiento en el movimiento sindical y cooperativo agrario colombiano", argumentó el colectivo.

Cabe mencionar que la misma decisión de la Fiscalía pone de presente la situación de impunidad en que se encuentra el caso, pues transcurridos más de veinte años, reconoce que a la fecha no existe claridad sobre la responsabilidad de quienes ordenaron el homicidio.

Lo que desconcierta es que hasta la fecha, nadie ha sido condenado ni juzgado a ninguna persona por este crimen. Su familia y esposa Tulia Vargas aseguró que "esperamos que nos digan realmente la verdad: ¿por qué lo mataron? Que nos digan la verdad para poder descansar y que por fin se sepa qué fue lo que pasó. La decisión sirve para que haya justicia, para saber hoy o mañana qué pasó. Solo queremos que se aclare su asesinato y nos digan por qué a él. Esto es lo que estamos esperando".

Por el momento, esta decisión obliga a que la labor investigativa de la Fiscalía responda a los estándares internacionales de integralidad, de suficiencia y seriedad para la investigación de crímenes de lesa humanidad, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos, y para que hechos como estos jamás se repitan.

Su muerte

Julio Alfonso Poveda Gauta nació en Iconozo (Tolima) e inició su vida política en las juventudes agrarias de la región del Sumapaz en donde se formó como un líder campesino de la zona. Muestra de sus iniciativas fue fundar la Federación Sindical Agrícola y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, y desde 1987 se desempeñó como gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias.

Sin embargo, siendo integrante del Partido Comunista y militante de la Unión Patriótica, Poveda fue asesinado el 17 de febrero de 1999 cuando se movilizaba en su vehículo en Bogotá. El hecho ocurrió en la mañana mientras esperaba que el semáforo cambiara, cuando tres personas que se movilizaban en una moto le dispararon en repetidas ocasiones.