La decisión judicial, “fue proferida el 29 de febrero por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca”, cita el comunicado.

De acuerdo con el texto, “la Relatoría Especial ha manifestado su preocupación por la aplicación del delito de injuria a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos.

“Quienes ejercen o han ejercido cargos públicos tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y de cuestionamiento, justamente porque voluntariamente asumieron la administración de importantes responsabilidades públicas”.

La condena
Luis Agustín González, es editorialista y director del periódico Cundinamarca Democrática.

En diciembre de 2008, González escribió una columna titulada “¡No más!”, en la que hacía referencia a la gestión realizada por María Leonor Serrano y su pretensión de ocupar de nuevo una silla en el Congreso de la República.

La exsenadora y exgobernadora, lo acusó por los delitos de injuria y calumnia, por lo dicho en el editorial.

En fallo de segunda instancia, al periodista se le imputó sólo el cargo por injuria, ya que según el Tribunal Superior de Cundinamarca, el periodista “lesionó la integridad moral” de la demandante.

Según información del comunicado de la Relatoría Especial de la Cidh, Luis Agustín González, deberá pagar 17 salarios mínimos (unos cinco mil dólares) y 17 meses de prisión.

REACCIONES
La Cidh no fue el único organismo en pronunciarse frente a la condena impuesta al comunicador, ayer, ya había 29 pronunciamientos de distintos medios de comunicación de Colombia, los cuales condenaron el hecho, además de calificarlo como “un fallo injusto y desmesurado que enciende nuevas alarmas sobre el acoso judicial a los periodistas”, en un artículo titulado “Acosos judiciales”, escrito por Óscar Collazos, en el diario El Universal de Cartagena.

Cabe señalar, que hasta el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se había pronunciado frente al hecho, el 15 de octubre de 2011, día en que indicó de manera categórica que la crítica a funcionarios públicos no debía ser penalizada.