El Consejo Nacional Electoral (CNE), expidió el pasado miércoles una resolución dónde fijaba los topes de campaña por lista y no por candidato, decisión completamente diferente a la de la elección pasada donde los topes de las campañas eran individuales.

Las listas para el Senado son presentadas por cada partido y pueden tener mínimo cinco candidatos y como máximo 101 inscritos, es decir el número de curules totales de las que dispone la corporación.

En el caso de la Cámara de Representantes dicho número depende de las curules disponibles por cada región. El número de curules se determina por la cantidad de personas que viven en cada departamento o zona del país.

Este año el Consejo Nacional Electoral fijó el gasto para las listas de Senado en 30 mil millones de pesos. Mientras que para las listas de Cámara que aspiren por una curul para representar a Bogotá, la zona con más habitantes del país, el monto máximo es de cuatro mil millones de pesos.

Durante las elecciones parlamentarias del 2010 las colectividades tenían topes fijos por candidato. Cada uno, de los que se lanzó al Senado podía gastar 675 millones de pesos, mientras que los aspirantes a la Cámara por Bogotá, era de 531 millones de pesos.

En las próximas elecciones las cosas cambiarán, según la última disposición del CNE cada uno de los aspirantes al Senado podrá gastar 300 millones de pesos en su campaña, en el caso en que el partido postule 100 personas, entre menos personas superior será el tope por candidatos.

En la actual Cámara de Representantes las regiones del país con más curules son el Distrito Especial de Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle. Bogotá tiene 17 curules, Antioquia el mismo número y Valle 14.

La resolución que se deriva de las disposiciones de la última reforma política, ley 1475 del 2011, busca que los partidos auditen los gastos de cada candidato, lo que va encaminado a fortalecer las colectividades. En otras palabras, la responsabilidad de los partidos políticos será mirar cuántos candidatos hay inscritos y controlar los gastos de cada uno, para que las listas no superen los montos establecidos por la ley y así no sean sancionados.

La Ley 1475 señala que “el monto máximo de gastos se fijará por cada candidato por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de las listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos”.

Al parecer la disposición del Consejo Nacional Electoral tendrá que ser reformada entre septiembre u octubre del 2013, pues la iniciativa dispone que “el CNE con el apoyo del ministerio de Hacienda deberá adelantar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales”. Dicho estudio aún no se ha realizado.

Esta ley al parecer favorecería a las colectividades que presenten menos candidatos por lista, pues cada uno podría gastar muchos más recursos. “Esa ley si da ventaja, en algún sentido porque depende de los candidatos que se presenten cada uno podría gastar mucho más dinero que otros”, confirmó, el presidente del CNE, Carlos Ardila Ballesteros.

Sin embargo, las colectividades pequeñas se arriesgan a que los candidatos que presenten no logren superar el umbral de 450 mil votos que son requeridos para que los partidos conserven su personería jurídica.

La disposición legal presenta un inconveniente, en caso de que una lista cerrada supere los topes y logre colocar en las curules a cierto número de candidatos, todos los elegidos por la lista podrían perder su investidura por violación de topes.

Los candidatos que superan los topes de campaña son sancionados, en caso de ser elegidos con la pérdida del cargo, en caso de que no lo sean, el Estado no les repone el dinero de los votos. En caso de superar los gastos establecidos los partidos también pueden ser sancionados.

Según la ley, los candidatos pueden financiar sus campañas con recursos propios, con créditos de establecimientos bancarios, o a través de los partidos, eso sí sin superar los dineros permitidos. Cabe recordar que hasta este momento ningún congresista ha perdido su investidura a razón de la violación de topes de campaña.

Para que el CNE pueda determinar si se violaron o no los topes, los candidatos están obligados a presentar las cuentas a su partido, este tendrá un mes para analizarlas y después pasan a ser conocidas por el Consejo Nacional Electoral.

HABLAN LOS PARTIDOS
Según el presidente del Polo Democrático, Clara López, la disposición de la Ley 1475 está bien encaminada para fortalecer las colectividades en Colombia. “Cada partido debe contribuir a garantizar la transparencia de los recursos que se gastan en las campañas políticas. Son cifras elevadas que tienen que manejarse atendiendo los requerimientos por ello es prudente que se hayan fijado topes por listas para involucrar a los candidatos y a las directivas de los partidos” .

Según López, hay candidatos que gastan más recursos que otros porque no todos tienen el mismo caudal electoral, “unas circunscripciones son más difíciles de cubrir que otras, por lo tanto deben valorarse los distintos candidatos, pero ello debe ser una decisión democrática al interior del partido.

Para el representante a la Cámara Telésforo Pedraza del Partido Conservador, la disposición del Consejo Nacional Electoral está muy bien porque “la idea es reducir cada vez más los montos de campaña, eso es necesario. Sin embargo, eso termina siendo un saludo a la bandera porque está demostrado que un candidato de acuerdo a las cifras de los recursos puestos por el CNE, en muchos casos, no corresponden con la realidad”. Según Pedraza una buena parte de los recursos que se gastan en una campaña electoral se consumen en avisos en los medios de comunicación “cada aviso está costando mucha plata”.

Según Guillermo Rivera, representante a la Cámara del Partido Liberal esta es una decisión favorable, “pero hace falta cumplir un mandato de la ley que señala que el ministerio de Hacienda tendrá que actualizar luego de una investigación, el valor de los costos de las campañas políticas y así definir los montos de la reposición de votos. Demando al Ministro de Hacienda cumplir con ese mandato antes de las elecciones del 2014”.

El congresista anotó que estos topes estimulan la financiación ilegal de las campañas pues “no se conoce el costo real de una postulación electoral debido a que el Ministerio de Hacienda no ha hecho el estudio”.
Para el presidente de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, esta decisión es inconveniente “porque puede resultar inequitativo entre candidatos, además no todos los que van en las listas tienen la misma posibilidad para conquistar una credencial. Se hace inmanejable para cada partido el control de 100 personas, en el caso de los candidatos para el Senado”.