Pero como todo buen maestro, usa ese pausado tono académico para decir las más crudas verdades y pisar muchos callos, como sin querer queriendo. Acostumbrado a las impertinencias de sus estudiantes, responde todo el cuestionario sin inmutarse. 

No duda en afirmar que muchos de sus subalternos pretenden actuar como ruedas sueltas y que se sienten una suerte de emperadores. Tampoco le preocupa contradecir al procurador Alejandro Ordóñez y afirmar que en aras de la paz hay que usar “imaginación y audacia” para sancionar a los jefes guerrilleros con penas que no necesariamente impliquen la privación de la libertad. 

Y con aquel lenguaje de profesor, anuncia un profundo revolcón a la Fiscalía que, desde el punto de vista criminal, se enfocará en combatir las bandas criminales. 

-Fiscal, en días pasados, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que los jefes guerrilleros que se desmovilicen en, virtud de un eventual acuerdo de paz, de todas formas deben pagar cárcel. ¿Usted está de acuerdo con él? 

Considero que tenemos que buscar mecanismos alternativos a la pena privativa de la libertad. No podemos entender que la única forma de hacer justicia sea privación de la libertad. 

El derecho internacional ha permitido sistemas alternativos distintos a la privación de la libertad, es decir, el desarrollo de lo que se ha llamado justicia transicional, o sea mecanismos de justicia extraordinarios para lograr la transición de la guerra a la paz. 

No creo que podamos entender que la única forma de hacer justicia sea la cárcel. Son respetables esos planteamientos del Procurador, pero no los comparto. Yo creo que frente a lo que es la justicia punitiva, centrada en la prisión, hay un tipo moderno de justicia que es la justicia restaurativa. 

Es la concepción de que el proceso penal no solamente está destinado a la imposición de penas, sino que hay otra concepción del proceso entendido como el diálogo, un encuentro entre la víctima y el victimario y que también se llega a la justicia cuando se descubre la verdad, cuando se repara la víctima, cuando impuesta una pena se suspende esa ejecución en aras de lograr la paz. 

Debemos avanzar hacia un modelo de justicia transicional y eso implicará que tengamos una gran imaginación y audacia para diseñar mecanismos distintos a la prisión que nos permitan consolidar la paz que tanto necesitamos. 

-Dicho en términos coloquiales, ¿eso implica que para lograr la paz en Colombia nos tendremos que tragar algunos sapos? 

Ese es uno de los temas de todas las justicias transicionales. Tendremos que tragarnos muchos sapos como lo han hecho todos los países que han tratado de superar un conflicto armado. 

-Pasando a temas locales, durante los dos últimos años, Cali ha sido la capital de Colombia donde mas homicidios han ocurrido. ¿Cómo Fiscal General de la Nación a qué atribuye este fenómeno? 

Una de las causas mas relevantes en el tema de la tasa de homicidios en el Valle es la lucha entre bandas criminales, además que se ha disparado mucho el tema del microtráfico. Por esa razón estamos pensando en una reestructuración integral de la Fiscalía que apunte la política criminal fundamentalmente en una lucha contra el crimen organizado. 

En muchas partes del territorio nacional la fuente de la criminalidad está originada en asociaciones criminales, en organizaciones ilícitas. Por eso vamos a crear una Fiscalía Delegada que se encargue de combatir el crimen organizado y que dependerá directamente del Fiscal General de la Nación. 

Se va a encargar del análisis de estructuras criminales, de la interrelación de esas estructuras criminales; además, queremos que esa dependencia tenga su propia policía judicial, experta en lucha contra el crimen organizado. 

Entonces creo que en este nuevo rediseño institucional que estamos programando en coordinación con el Presidente de la República, porque es una política de Estado, puede producir muy buenos resultados en las regiones. Además, queremos crear unos mecanismos de coordinación profundos al interior del Estado frente a las diversas fuerzas que cumplen funciones de inteligencia. 

-De acuerdo a su experiencia, ¿qué tanto incide en el índice de homicidios de una ciudad como Cali que la gente quiera hacer justicia por su propia mano porque no cree en la Justicia? 

Desde luego ese es un factor que aumenta la criminalidad y la impunidad. Por esa razón nosotros queremos rediseñar la Fiscalía, para que pueda actuar en tiempo real, porque si no hay una respuesta oportuna, efectivamente se le hace perder credibilidad a la justicia penal. Nosotros queremos producir una transformación, un gran revolcón, que le de mucha más agilidad a la justicia penal y al sistema acusatorio. 

-En ciudades como Cali, las bandas criminales están convirtiendo las pandillas juveniles en su semillero y los menores de edad son usados por las bandas como gatilleros y estos matan con toda la tranquilidad porque son inimputables. ¿Cómo manejar este fenómeno? ¿Usted cree que se debe rebajar la edad de imputabilidad penal? 

No estoy de acuerdo en que se siga bajando la edad de imputabilidad penal. Yo creo que la lucha debe centrarse en la desarticulación de las bandas criminales. 

El tema de los jóvenes requiere políticas de prevención, por esa razón estamos impulsando al interior de la Fiscalía un programa que se llama Futuro Colombia, que busca articular con la sociedad civil para buscar mecanismos de prevención y a promover elementos muy importantes como el deporte, la música. Hay que crear un ambiente para sacar a los jóvenes de la subcultura del crimen. 

-Para un futuro eso suena bien, pero qué hacer con los menores que delinquen y están convencidos de que como son menores no les pasa nada... 

Yo soy enemigo del aumento de penas como eje de una política criminal. Uno de los fracasos estruendosos de la política criminal en las últimas décadas es que hemos centrado la política criminal en el aumento de penas. 

En materia de derecho penal se tiene muy claro que lo importante no es la magnitud de las penas sino la eficacia en su aplicación. Ese aumento recurrente de las penas convierte al derecho penal en algo simbólico. 

Lo importante es que las penas se cumplan. Y se requiere una acción contundente del Estado contra quienes utilizan a los menores para la comisión de delitos, pero el peso no puede caer sobre el menor. 

-Como académico que es, ¿cree que un muchacho, no importa la cantidad de crímenes, se puede recuperar? 

Desde luego. Yo creo en la resocialización, lo que pasa es que hemos centrado nuestra política criminal en el aumento de penas y hemos olvidado la función resocializadora de la pena. 

Entre muchas otras funciones, la pena tiene una función de resocialización, que si alguien ha transgredido la ley, el encierro en un establecimiento carcelario tenga una función de resocialización, pero la realidad de nuestras cárceles, más que mecanismos de resocialización, se han convertido en escuelas del crimen. Lo primero que tenemos que hacer, es seguir ahondando en una política carcelaria humanista, en una política de defensa de la libertad del individuo. 

El Gobierno está empeñado en impulsar una gran reforma al sistema carcelario, con modalidades de internación, establecimientos carcelarios diversos, con sistema de prisión abierta, con mecanismos de articulación de cárcel con sociedad civil para que el arraigo que pueda tener un ciudadano con la comunidad en materia de trabajo y actividades laborales no se pierda por la privación de la libertad. 

-Vuelvo al tema de Cali. Aquí las autoridades trabajan de manera muy precaria, hay déficit de fiscales, no tenemos una edificación para que los fiscales puedan trabajar en una forma adecuada... ¿como Fiscal General de la Nación, qué está haciendo para remediar esta situación? 

Esta es una preocupación real que tengo como Fiscal. Durante estos 20 años de existencia de la Fiscalía, las capacidades administrativas técnicas y logísticas han estado concentradas en Bogotá, y hemos descuidado las regiones. Urge adelantar una real descentralización de la Fiscalía. 

Por esa razón iniciaremos un proyecto que denominamos ‘Fiscalía Inteligente’, fundamentado en el hecho de que tienen que existir políticas regionales diferenciadas, porque la situación del crimen en Antioquia no es la misma del Valle. No vamos a hacer un solo diseño de política criminal, de combate contra el delito, mirado desde la óptica de Bogotá, sino que vamos a trasladarnos a las necesidades de la región. Esto implica además que tengamos que pensar más con un concepto regional, pues el crimen organizado se mueve, en primer lugar, regionalmente. 

-Pero centrémonos en el caso de Cali, ¿qué se está haciendo para solucionar los problemas logísticos que tiene la Fiscalía? ¿Cuándo va a tener Cali una edificación digna para la Fiscalía? 

Ya se firmó un convenio con la Alcaldía de Cali, por un predio de más de 7.000 metros cuadrados. Esperamos que en marzo nos entreguen ese terreno, que está ubicado al frente del Palacio de Justicia, para construir allí una edificación de 40.000 metros cuadrados que sirva para albergar los más de 1.500 funcionarios que tiene la Fiscalía en la ciudad. 

En el segundo semestre esperamos estar convocando el concurso para construir el proyecto. Una vez se escoja un ganador, esperamos iniciar la obra de este complejo a comienzos del próximo año y los cálculos son que en dos años tendremos terminada la obra. 
-Pero el tema no es sólo de edificio. ¿Usted considera que Cali tiene los fiscales que la ciudad requiere para afrontar los retos que plantea la delincuencia? 

Hoy existen 194 despachos de fiscales y dada la situación de seguridad ciudadana es un número insuficiente. Se requieren al menos 25 despachos adicionales. En la reestructuración que estamos planeando entre Fiscalía y Gobierno Nacional esperamos que el Congreso nos autorice la creación de nuevo cargos para el Valle y otra regiones estratégicas del país. 

-¿En qué van los procesos que se adelantan contra el exsenador Juan Carlos Martínez, el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía y el exalcalde Jorge Iván Ospina? 

En cuanto al exsenador Juan Carlos Martínez, hay un proceso en su contra por un presunto fraude electoral en elecciones recientes en el Valle. Dentro de ese proceso, el viernes pasado la Fiscalía realizó audiencia de acusación, ante el juzgado noveno penal del circuito, contra Martínez. También hay un proceso por narcotráfico contra Juan Carlos Martínez, estamos pendientes de si se acusa o archiva la investigación en ese caso. 

Juan Carlos Abadía, por su parte, tiene siete investigaciones abiertas, por presuntos delitos contra la administración pública y la justicia. Esos procesos se encuentran en etapa de investigación por diferentes causas, unos temas que tienen que ver con vigencias futuras, otros que tiene que ver con presunta utilización de dineros públicos en intervención en política, otros con procesos contractuales, otros temas de intervención en política. 

Jorge Iván Ospina tiene diez procesos, todos en etapa de investigación, temas como prevaricato por omisión, un ciudadano indica que no ejerció actividad alguna sobre algunos bienes que han sido usurpados por particulares. 

También se le abrió una investigación de oficio, con base en una denuncia de El País, por contratos a través de convenios administrativos y también se encuentra en etapa de investigación. 

-Volviendo a los temas nacionales , usted dijo, cuando llegó a la Fiscalía, que encontró un caos en esta entidad... ¿cómo va ese caos? 

Estamos acometiendo una profunda reestructuración administrativa de la Fiscalía, que tendrá varios lineamientos básicos. El primero, es que, como ya le dije, queremos una Fiscalía orientada a la lucha contra el crimen organizado. 

Un segundo elemento importante es tener un gran gerente del sistema acusatorio, el sistema acusatorio ha implicado un cambio de cultura jurídica trascendental, pero requiere ajustes y un manejo administrativo mas eficiente. En tercer lugar creemos que es muy importante que la Fiscalía contribuya en el diseño de la política criminal. 

Queremos crear una gran dependencia que contribuya a la formulación de políticas públicas en diversos aspectos: medio ambiente, adolescentes, delitos contra la mujer, crimen organizado, corrupción, es decir, que desde la Fiscalía podamos contribuir a una política criminal coherente de mediano y de largo plazo. 

Otro elemento fundamental es el que la Fiscalía ha venido recibiendo competencias en muchos campos: Ley de Justicia y Paz, restitución de tierras, traslado de competencias en política criminal y administrativamente y no se han hecho los ajustes para poder atender esas nuevas competencias. Entonces necesitamos direcciones al interior de la Fiscalía que puedan articular la entidad con la sociedad civil, víctimas, desplazados, mujeres agredidas, queremos darle un mayor impulso al tema de protección de víctimas. 

-De los problemas que tiene la Fiscalía, ¿cuál le preocupa en especial? 

Uno de los grandes problemas que tiene la Fiscalía es de que no se han proferido directivas interpretativas por parte del Fiscal sobre temas centrales en la política criminal. Uno de los problemas graves del sistema acusatario es que cada fiscal tiene su propia interpretación de la instituciones jurídicas, del sistema jurídico penal, de la construcción penal, y yo creo que eso crea anarquía al interior de la Fiscalía. 

-¿Eso quiere decir que le molesta la excesiva independencia que tienen los fiscales y que sean como unos reyes que actúan sin tener en cuenta las políticas de la entidad? 

Esa es una de las grandes preocupaciones que tengo como Fiscal. Los fiscales muchas veces se convierten en ruedas sueltas de la política criminal que debe ser lanzada por el Fiscal General de la Nación. 

Se debe lograr una armonización entre un principio de autonomía que consagra la Constitución para los fiscales, pero que también debe armonizarse con otro principio general y es el de que debe existir una organización jerárquica al interior de la Fiscalía para efecto de conducir la política criminal. 

Yo creo que los fiscales todavía piensan como jueces, pero resulta que ya con la reforma al sistema acusatorio las facultades jurisdiccionales de la Fiscalía son excepcionales. 

Ya el fiscal más que un juez, más que un funcionario que administra justicia dentro del proceso penal, es fundamentalmente investigador y eso no lo han podido asimilar. Todavía los fiscales sigue pensando como juez y en muchas ocasiones se convierten en pequeños emperadores. 

-Está por definirse si usted fue elegido para terminar el período para el que fue elegida Viviane Morales o si su período es individual. ¿Cual es su posición frente a este debate? 

Considero que el período del Fiscal General de la Nación es personal. En primer lugar, la Constitución expresamente señala que el Fiscal General de la Nación será designado para un período de cuatro años y me parece que la Constitución es clarísima al señalar que hay un período personal para el Fiscal. 

Otro argumento es que en un momento en que una ley de la República dispuso que el período del fiscal era institucional, la Corte Constitucional declaró inexequible esa ley y estableció que el período de los fiscales es un período de cuatro años y es personal. 

Un tercer argumento es que en años pasados existió una reforma a la Constitución donde se estableció que, en los casos de elección, los períodos serían institucionales, pero este es un acto legislativo que solamente aplica a los casos de elección popular, es un acto legislativo que surgió para resolver el problema de disparidad en los periodos de los alcaldes y no es aplicable a la Rama Judicial. 

De la reeleción

-¿No es absurdo o incoherente que el Procurador se pueda reelegir y el Fiscal no? 

Yo no estoy de acuerdo con la reelección del Fiscal General de la Nación. Me parece que como está regulado en la Constitución del 91 es correcta la orientación en el sentido de que hay una prohibición de reelección del Fiscal General de la Nación. Creo que esa es una orientación correcta de la Constitución, la comparto, no estoy de acuerdo con la reelección del fiscal. 

-¿Y en el caso del Procurador? 

Creo que la Constitución es clara al permitir la reelección del Procurador, pero no veo unos criterios de distinción razonables para permitir la reelección indefinida del Procurador y prohibir la reelección del Fiscal y la del Contralor y creo que en ese punto no hay una armonía entre las disposiciones.