Esta audiencia que es requisito previo en este tipo de procesos, se desarrolló este lunes en la Procuraduría Nacional y como partes del proceso asistieron representantes de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –en liquidación- la Policía Nacional y los abogados de la exsenadora.
Según se conoció, la conciliación fracasó porque para las entidades demandadas, ya pasaron los dos años que por ley tenía Córdoba para demandar luego de conocer que fue víctima de las ‘chuzadas’.
Esto significa que la demanda seguirá su curso en el Consejo de Estado, Corporación que puede, o no, aceptar la pretensión de Córdoba.
La exparlamentaria solicitó 6.391 millones de pesos por concepto de daños morales y patrimoniales producidos por los seguimientos y las interceptaciones ilegales de sus comunicaciones.
Comentarios