La Contraloría Departamental imputó cargos de responsabilidad fiscal a Julio César Góngora por el detrimento generado en las arcas de la Asamblea, con el robo y cobro fraudulento del cheque girado a favor del diputado Julián Fernando Gómez en 2011. 

El ente de control fiscal decidió exonerar así de cargos a la contadora de la duma, Diana Catalina Rengifo Ortiz, al considerar que la responsabilidad de velar por la guarda y conservación del cheque, para su posterior anulación, correspondía a Góngora. 

Actuación  

La Contraloría es enfática en señalar que el profesional no aplicó el procedimiento que se le debe dar a los títulos valores, como señala su manual de funciones, máxime si la responsabilidad de la chequera recaía en él.  De modo que su conducta “fue precaria y deficiente”, al momento de recibir el cheque. 

Así mismo refiere que el cheque no debió haber sido entregado a Rengifo sin su respectiva anulación, para que la contratista y contadora de la duma pudiera hacer el respectivo ajuste contable garantizando el control efectivo del título valor. 

El proceso 

El pasado 13 de septiembre de 2011, el diputado Julián Fernando Gómez, devolvió el cheque correspondiente al pago de la licencia por paternidad a Julio César Góngora, al no existir rubro presupuestal para dicho fin. 

Sin embargo, tres meses después, el 9 de diciembre de ese mismo año, el cheque fue cobrado por un tercero en extrañas circunstancias a pesar de haber sido anulado en el registro contable.

La firma del diputado habría sido falsificada tal y como lo demuestran las pruebas grafológicas realizadas por la Fiscalía. 

A esto se suma, que dicha diligencia se efectuó a eso de las 11:40 a.m. cuando el servicio por parte del Bbva, debería estar cerrado al público. 
Sin embargo, debido a la afinidad del diputado con el banco, la transacción se ejecutó. 

Por otro lado, en el video de la caja donde fue pagado, no aparece ninguna persona cobrando.

Dichas irregularidades son materia de investigación por parte de la Fiscalía y de la Contraloría que deberán decidir si la actuación de Góngora se ajustó a los lineamientos legales y funciones del cargo.