El Ministro no asistió el pasado martes a la sesión de la Comisión excusándose en que “no es dable a quienes lo ejercen desde el Legislativo, solicitar a los funcionarios públicos información que es del ámbito exclusivo de una empresa privada”. 

Sin embargo, la excusa es inaceptable, pues los funcionarios deben responder por sus actuaciones en las empresas privadas, más si se trata de conductas ilegales como la acumulación y la ocupación indebida de baldíos. 
Además, en los proyectos de Indupalma se han invertido miles de millones de recursos públicos y el Ministro junto con el presidente Juan Manuel Santos, al parecer, desean imponer este modelo en todo el país.

Excusa no aceptada 

La Comisión Quinta no aceptó los argumentos de Lizarralde, y en esta segunda citación la Secretaria de la entidad le responde lo siguiente: “me permito aclarar a usted, que el mecanismo de control político asignado al Congreso de la República por disposición constitucional y reglamentado en la Ley 5ª de 1992 (artículos 233 y siguientes), tiene como finalidad esencial, cuestionar la actividad del gobierno y demás personas públicas, e inclusive privadas que tengan incidencia en los intereses generales”.

Robledo afirmó que el Ministro debe cumplir la ley.