Entre las más relevantes figura que primero, “las medidas de tipo administrativo ordenadas por la Corte Constitucional no se han cumplido y no se cumplen con el proyecto de ley.

“El problema no está en la estructura, de ahí que la reforma se queda en aspectos no sustanciales aunque costosos en su implementación; liquidar o crear nuevas entidades no es tarea fácil”.

Y señala que “nada garantiza que los gestores no reproduzcan los vicios de las EPS (...). Activos y sociedades se van independizando de la matriz o EPS, y el Gobierno queda interviniendo cada vez menos la estructura.

“Hay orden perentoria de salir de las inversiones, pero que no se cumple a pesar de lo que ordenó la Corte.

“Hay autoprovisión de bienes y servicios en un conglomerado y no se somete a la lógica del mercado, donde la calidad y precios tienen control implícito empresarial en medicamentos, alimentación, indumentaria, etc.

“Se establece ejecución de recursos con la entrega a los gestores, sin registrar hechos objetivos de causación, basta la entrega del recurso, sin que exista un único control.

“También es nugatorio el embargo; preocupa, además el futuro de la infraestructura, más si el Gobierno no define un plan general de prestación para que ejecuten las entidades públicas o privadas, o ambas”, concluye.