Se trata de la iniciativa de las "leyes inútiles" que desde hace casi dos años ha venido promoviendo el presidente Juan Manuel Santos para purgar el ordenamiento jurídico y así poder hacer más fácil para los operadores jurídicos la aplicación de las más de 17.000 normas, que según el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, están vigentes. 

"Se trata de una depuración normativa en la que han venido trabajando todos los ministerios y universidades del país, para poder conocer, desde todos los frentes, cuáles son las normas en desuso. Se han detectado 970 hasta el momento", indicó la viceministra de Promoción de la Justicia, Piedad Zúñiga. 

Según la funcionaria, en general, se han presentado dos razones por las que se pone en duda la necesidad de continuar con una norma. Por un lado, está el hecho de que, por razones culturales por ejemplo, ya no se usan. 

Es el caso de una norma de finales del siglo XIX en las que se prohibía la importación de ciudadanos chinos, o de otra, la 89 de 1890 que hace referencia a cómo "deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada". 

Pero también hay otras leyes que deben salir, según Zúñiga ya que "cumplieron con su cometido. Como la que se estipuló todos los efectos de obras y demás luego del terremoto de Popayán, por ejemplo". 

Se espera que cada dos meses se reúna la Comisión Intersectorial para la Armonización Normativa, que es el máximo cuerpo consultivo del Minjusticia para realizar este trabajo de purga, y reciba las propuestas de los diversos sectores involucrados para que se determine, primero, si la norma cumple con los parámetros de salida del ordenamiento y, segundo, cómo se hará para revocarla. 

Miguel Samper Strouss, viceministro de Promoción de la Justicia, indicó en su momento que la metodología será por grupos "de leyes y decretos por periodos de tiempo de cinco años. La idea es que al final del año el producto sea un decreto que derogue todas estas normas que están en desuso, así como un proyecto de ley para derogar las leyes que están absolutamente obsoletas y que no tienen ninguna aplicación". 

Los honores 

Una de las cargas normativas más grandes que tiene el Congreso son las leyes de honores. Se trata del 30 por ciento de las normas que produce el Legislativo en un año, según cuentas del abogado experto en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, Hernán Olano. 

Entre 2010 y 2014 se aprobaron 64 leyes de honores, que entre otras, recalca Olano, "a pesar de que se consideran las menos lesivas son, por regla general, las que más compromiso económico tienen a razón de que obligan obras, publicaciones, cuadros o monumentos; son las que más consumen recursos del erario". 

La "hiperinflación" legislativa de producir, por ejemplo, 296 leyes en cuatro años, como el último Congreso, se debe en parte, según el constitucionalista, a que "existe el problema de medir a los congresistas por el número de proyectos de ley presentados y el número de iniciativas aprobadas. Medir al Congreso por números, pero no por eficacia nos tiene en esa situación". 

Antecedentes 

Comisión intersectorial 

La Comisión, que se reúne cada dos meses, recibe las iniciativas desde varios frentes, la más activa, según la viceministra Zúñiga son las universidades que desde sus facultades de Derecho pueden enviar peticiones para remover del ordenamiento las leyes, decretos con fuerza de ley y decretos reglamentarios que están en desuso o que ya cumplieron su misión. "Se hace un análisis riguroso antes de decidir si una norma sale porque no queremos poner en peligro el ordenamiento jurídico", agregó la viceministra. 

En definitiva 

Las normas jurídicas que salen del ordenamiento están en desuso o ya cumplieron con su cometido inicial. Para retirarlas, en algunos casos, se deberá tramitar un proyecto de ley.