Cinco días tiene el alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, para hacer llegar una copia del acuerdo de las fotomultas al gobernador Luis Carlos Delgado Peñón. Luego de que la iniciativa fuera sancionada por el mandatario de los ibaguereños, el siguiente escenario tendrá lugar en la Gobernación.

Olga Lucía Liévano, directora del Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos, habló que dentro de las potestades que tiene Delgado Peñón está la de entrar a revisar la legalidad y constitucionalidad del acuerdo.

“En el evento de que este acuerdo no se ajuste ni a la Constitución ni a la ley, el Gobernador tendrá que objetarlo dentro de los 20 días siguientes y enviarlo al Tribunal Administrativo”, contó Liévano, en diálogo con EL NUEVO DÍA.

Será entonces este ente jurídico el que dé o no vía libre al acuerdo, por supuesto, en caso de que el panorama llegue a esa instancia.

Por otro lado, si el mandatario seccional decide darle el visto bueno, cualquier ibaguereño en desacuerdo con esta iniciativa podrá entablar una acción de nulidad.

“Lo que pasa es que como está dentro de los deberes del Gobernador, en principio, nos toca a nosotros, el Gobierno departamental, estudiar la legalidad y constitucionalidad”, concluyó.

En cuanto a este aspecto, el diputado Jairo Forero, del Partido de La U, puntualizó que existe suficiente evidencia (videos, textos y declaraciones) “para que un juez anule este acuerdo”.

Siguen lloviendo las críticas

El mismo diputado cuestionó severamente el estudio que presentó la Secretaría de Tránsito. “Que no nos salgan con el cuento ahorita de que el estudio técnico, administrativo y financiero no entregó las cifras que eran y que hay una posible equivocación. Ese estudio como está incompleto era la base para que los concejales tomaran la decisión. Incluso la Administración lo avaló”, reprochó.

El diputado cree que hoy, en la rueda de prensa, el Alcalde informará a la opinión pública que van a revisar y corregir el documento.

Decisión va más allá de un costo político

Al ser interrogado por el costo político que puede acarrear al Alcalde haber sancionado el acuerdo, el asambleísta cree que “ya lo tiene hace rato (...). Ante la advertencia de un posible detrimento patrimonial como está concedido el acuerdo, pienso que el costo puede ser más que político”.

Por último, Forero planteó el cuestionamiento sobre la confiabilidad que tendrá el presidente Santos de entregar los recursos de los Juegos Nacionales y del Acueducto Complementario si el alcalde no tomaba en cuenta las advertencias elevadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

Sobre las amenazas a concejales

Frente a las amenazas que han denunciado los concejales que avalaron el proyecto y las actuaciones de la Policía Metropolitana, Forero considera que el Comandante de la Metib debe preocuparse más por la seguridad de la ciudad.

El diputado aseguró que si se va a judicializar a las personas que comentan en las redes sociales en contra del proyecto, entonces el coronel Óscar Gómez Heredia deberá ‘meter’ a la cárcel a media ciudad.