La polémica no para alrededor del millonario contrato de señalización. Ante las presuntas irregularidades evidenciadas en el proceso, ayer fue radicada una solicitud para que sea revocada la adjudicación del contrato.

El documento de 17 páginas, enviado también a los organismos de control, explica por qué la Alcaldía de Ibagué debe reversar la adjudicación del contrato para la demarcación vial y la señalización de la ciudad; dado el caso de que no, la Administración de Luis H. podría merecer una demanda.

EL NUEVO DÍA tuvo acceso al documento que llegó ayer a la Alcaldía y aquí referenciamos las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso de adjudicación.

No si antes recordar que la Unión Temporal Seguridad Vial, ganadora de la licitación, está integrada, entre otras, por la firma Protección Industrial, la misma que se ha visto inmersa en escándalos por su incumplimiento en uno de los contratos en Bogotá (ver recuadro).

Los argumentos

En el mencionado escrito, una de las empresas oferentes calificó como arbitraria la adjudicación que ganó UT Seguridad Vial.

Argumentó que se trató de un proceso de “oposición a la Constitución y a la ley, por violación de las exigencias jurídicas del pliego de condiciones y demás normas que gobiernan la licitación”.

Uno de los puntos que, según Gestión Vial, incumplió la UT, se basó en las condiciones técnicas que exigía el pliego de condiciones.

“Claramente estaba solicitando una máquina para marcas viales”, que, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, la unidad de medida debía ser de metro cuadrado.

El texto advirtió que en audiencia pública de adjudicación se dijo a la Alcaldía que la máquina que buscaba acreditar la UT Seguridad Vial para el cumplimiento de este requisito no cumplía con lo estipulado.

La maquinaria, al parecer, no sirve para la aplicación de marcas viales en metros cuadrados porque “su configuración mecánica y electrónica está diseñada, exclusivamente, para la demarcacion de líneas longitudinales, es decir, metros lineales”.

Otro de los cuestionamientos que encerró el documento fue que “la entidad (Alcaldía) no cumplió con su deber de evaluador y verificador de la información aportada, ya que no realizó ninguna averiguación”, para conocer la procedencia y existencia de la maquinaria expuesta por el proponente.

Y agregó: “Al no existir una rigurosidad técnica en la evaluación inicial de los equipos presentados, requeridos por la misma entidad y sobre todo al presentarse una observación con argumento técnico que desvirtúa la acreditación del cumplimiento exigido por el pliego de condiciones, el comité evaluador estaba en la obligación de resolver técnicamente el manto de duda que hasta hoy cubre el cumplimiento del equipo mínimo exigido y que, reiteramos, es incapaz de ejecutar las actividades descritas en el pliego de condiciones”.

Sobre la legalidad

En tal sentido, el documento advirtió de la ilegalidad de la adjudicación y la desigualdad con que se trató a los oferentes.

Y referenció que uno de los principios orientadores de la contratación violados por la Alcaldía tienen que ver con los principios de legalidad, en el entendido de que no se cumplía con las condiciones que exigía la licitación, y los principios de igualdad.

“El derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la Administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás”.

También se conoció las críticas sobre el poco tiempo que duró la Alcaldía analizando e investigando los documentos que entregó cada oferente.

Cuestionada firma que integra la unión temporal ganadora del contrato

En medio de los cuestionamientos técnicos, también se han registrado fuertes críticas sobre las firmas que integran la Unión Temporal Seguridad Vial.

Una de ellas es Protección Industrial, que tiene un escándalo vigente en la Administración del alcalde Gustavo Petro.

Parece ser que a esta firma le declararon la cláusula pecunaria penal por un millonario contrato que fue demandado. A la Alcaldía de Bogotá le tocó recular y dejar sin efecto el contrato, por lo que las sanciones que tenía Protección Industrial quedaron vigentes.

Valdría la pena entonces preguntar si la caducidad de un contrato inhabilita o no a cualquier persona jurídica y natural para seguir contratando.

EL NUEVO DÍA conoció también que la otra firma que integra la Unión Temporal, Protección y Gestión del Tráfico, está representada por la esposa del representante legal de Protección Industrial. La pareja fue la ganadora de la licitación en Ibagué.