El presunto detrimento patrimonial sería por un valor de $64 millones 157 mil 831, correspondiente a dineros dejados de percibir por parte de la entidad, lo anterior por concepto de las declaratorias de prescripción que fueron proferidas frente a las obligaciones de algunos usuarios que se encontraban en mora en virtud de contratos de arrendamiento que fueron celebrados sobre algunos bienes inmuebles correspondientes a las vigencia de 2006 hasta 2009, actuaciones que fueron proferidas por la administración de la Gestora Urbana, evidenciándose la falta de gestión en el cobro de cartera morosa, lo que generó la declaratoria de prescripción de estas obligaciones.   

La Contraloría formulará cargos bajo la presunta responsabilidad al Jefe de la oficina inmobiliaria y proyectos, al jefe de la oficina jurídica y de contratación, al jefe de la oficina de recursos físicos y financieros, así como al Profesional Universitario de tesorería y al Profesional Universitario de la Oficina Operativa para la época de ocurrencia de los hechos.