Al leer un comunicado, alias 'Marco León Calarcá' aseguró que, a tres meses de la jornada electoral, se han presentado irregularidades relacionados a la entrega de avales, dineros ilegales y el tráfico de votos, entre otros delitos electorales. 

“Por todos lados aparecen denuncias sobre feria de avales para advenedizos y connotados personajes ligados a narco-mafias y paramilitares, cuyos fuertes son el tráfico de votos e influencias, el fraude, el trasteo o trashumancia de electores y la venalidad, los compromisos con capos de la criminalidad y el clientelismo, contrastando con la exclusión de los más débiles y de los que decentemente aspiran a un cargo de elección popular”, señaló el vocero del grupo armado ilegal. 

Incluso, las Farc mencionaron un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación que indica que en unos 19 departamentos observados hay al menos 140 candidatos a Alcaldías y Gobernaciones que estarían vinculados a organizaciones criminales, o cometiendo delitos electorales. 

“La realidad de descomposición institucional y de crisis del régimen, plantea retos que no pueden responderse con indiferencia y resignación. Es apremiante luchar por cambios en el sistema electoral y de actuar presentando propuestas innovadoras que recojan el sentir de los excluidos, llenando con audacia cada espacio de la vida nacional”, concluyó el guerrillero. 

Precisamente, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral - Uriel, ha recibido 124 denuncias sobre delitos electorales, en su mayoría por propaganda extemporánea, trashumancia electoral, fraude en inscripciones de cédulas, vigilancia de la conducta del servidor público e intervención en política de servidores públicos. 

Así lo confirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien además entregó un balance sobre las consultas que hicieron los distintos partidos durante el periodo de inscripciones en la ventanilla única de esa cartera. 

Según el reporte, fueron consultados los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de 308.617 aspirantes a cargos de elección popular. De esta cifra, 6.260 presentaron antecedentes judiciales con la Policía, 3.514 están inhabilitados o sancionados por la Procuraduría, mientras que 50 tienen sanciones fiscales.