Los líderes manifestaron sentirse preocupados, dada la representatividad que tienen entre las víctimas del departamento.

“Hemos asumido unas posiciones críticas frente a algunas cosas que vienen sucediendo en el departamento, como también hemos venido reclamando la restitución de tierras para el sur del Tolima”, indicó Germán Bernal, uno de los voceros de la mesa.

Según explicó, existen alrededor de seis mil 700 solicitudes de restitución de tierras en el departamento, de las cuales un 70 por ciento estarían distribuidas entre Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral.

“Este es un tema que hemos resaltado en los diferentes escenarios en los que tenemos participación a nivel departamental, lo que ha implicado amenazas contra nuestras vidas, pues mientras no haya seguridad en esta zona, se dificulta que la unidad de restitución de tierras identifique y permita el retorno de las víctimas del departamento”, acotó.

Las amenazas

Las intimidaciones contra los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas, se han presentado mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, panfletos y personalmente.

“Uno de los mensajes que nos llegó nos advertía que no nos metiéramos en cosas que no nos incumben, que nos quedemos quietos”.

“Nos están catalogando de que nosotros queremos retornar el paramilitarismo al sur del Tolima”, agregó.

Denuncias

Ante la grave situación a la que se han visto expuestos varios líderes, se alertó a la Defensoría del Pueblo, a la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación y a la Procuraduría, sobre la situación.

A propósito de este hecho, el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Aguiar, indicó que la Defensoría ya ofició a la Fiscalía y demás entidades que tienen que ver con la protección de las víctimas para que inicien las respectivas investigaciones.

“Una vez se conocen las amenazas hacemos la respectiva ruta de acompañamiento a través de la Unidad Nacional de Protección, para advertir y poner en conocimiento estas amenazas”, subrayó Aguiar.

Demoras

Entre tanto los representantes de la mesa departamental de víctimas señalaron que la Unidad Nacional de Protección se ha demorado en dar a conocer el resultado de nivel de riesgo de líderes en el Tolima

“Exigimos garantías a las instituciones del Estado para poder seguir ejerciendo nuestra labor como defensores de los Derechos Humanos y de las víctimas”, indicaron.

Los representantes de la mesa también alertaron a las víctimas sobre un supuesto sindicato que ofrece ayudas a cambio de dinero.

“Están cobrando 600 mil pesos a las personas vulnerables para que vayan a declarar a Bogotá y quedar incluidas en el registro único. Esto me parece gravísimo porque le están quitando una oportunidad a las verdaderas víctimas”, subrayaron.