El presidente Juan Manuel Santos desde el principio anunció que los acuerdos que resultaran del proceso de paz serían refrendados; el momento para cumplir esa promesa está cerca.

La duda ha estado siempre en cómo hacer dicha refrendación, y aunque la respuesta no convence a las Farc, terminó siendo el plebiscito, que en cuestión de días será aprobado por el Congreso de la República.

El proyecto de ley estatutaria que plantea las modificaciones para este plebiscito especial no fue presentado directamente por el Gobierno nacional, pero siempre ha contado con su aval. El texto pasará esta semana a las plenarias de Cámara de Representantes y de Senado en donde se espera que no haya mayores modificaciones.

Hasta el momento la iniciativa contempla tres puntos claves: el carácter vinculante del resultado; el procedimiento de convocatoria para que sea aprobado (en el que se incluye la modificación del umbral) y la obligación de dar a conocer, previamente y por completo, los acuerdos realizados en La Habana (un artículo que agregaron las comisiones primeras de las dos cámaras).

En la iniciativa se hace oficial la obligación de llevar a cabo el plebiscito “para el desarrollo constitucional y legal del Acuerdo Final”, por lo que hacer la refrendación dejaría de ser una promesa del primer mandatario y pasaría a ser su deber.

Un requisito que para muchos es innecesario y complica mucho más la implementación de los acuerdos. De hecho, analistas como Ariel Ávila, piensan que la posibilidad de que los colombianos decidieran sobre si querían o no la paz, ya se dio en las elecciones presidenciales, cuando se ratificó a Santos.

Nuevos requisitos

El proyecto que avanza en el Congreso plantea el procedimiento necesario para llevar a cabo el plebiscito que básicamente se resumen en los siguientes pasos.

Primero, la autorización que debe pedir el presidente de la República al legislativo nacional.

El mandatario tendrá que informar la intención de convocatoria y la fecha en la que se realizaría, teniendo en cuenta que no se dé antes de un mes de haber hablado con el Congreso, pero tampoco luego de cuatro meses.

Segundo, los congresistas deberán dar respuesta en un mes. Si están de receso, deberán asistir al Congreso para votar sobre la petición y allí, la mayoría de quienes asistan podrán decidir si aceptan o no la convocatoria. Si se pasa el mes, y ni Senado ni Cámara se pronuncian sobre su rechazo, se entendería que la autorización está dada y se podría convocar al plebiscito.

Tercero vendría la votación. En este punto se incluye la modificación más importante: el umbral, es decir el mínimo de participación necesaria para que sea válido. Así lo explica el proyecto.

“Se entenderá que la ciudadanía aprueba el plebiscito por la paz en caso de que la votación por el ‘Sí’ obtenga una cantidad de votos mayor al 13 por ciento del censo electoral vigente (4 millones 396 mil 625 votos) y supere los votos depositados por el ‘No’ ”.

¿El umbral se puede bajar?

Dentro de la discusión que se ha dado por la modificación del plebiscito se ha propuesto que esas condiciones especiales no se den únicamente para el tema de la paz, sino se apliquen para todos los plebiscitos futuros. Sin embargo, la propuesta no cayó muy bien en las comisiones primeras y por votación se perdió la proposición.

“No me gusta que le cambiemos el umbral solo a este plebiscito, propusimos que todos los plebiscitos tengan un umbral más bajo. No se trata de manipular las reglas de juego, sino de reconocer la realidad”, dijo la representante Angélica Lozano, del Partido Verde, quien agregó: “Hoy la regla de juego dice que deben haber 16 millones de personas votando, eso no pasa nunca porque nuestra abstención es muy alta”.

La negativa por parte de los congresistas se dio principalmente por el miedo a que se lleguen a hacer varias modificaciones constitucionales a partir de plebiscitos, si se fija un umbral mucho más alcanzable y cercano, como el planteado para el caso de la paz con las Farc.

Analistas tampoco están de acuerdo en sus opiniones sobre lo que está pasando. Algunos presentan razones por las que apoyan la forma en que se está definiendo el umbral especial. Tal es el caso del investigador y experto en procesos de paz Álvaro Villarraga, quien ha señalado su apoyo a la refrendación y dice que de aprobarse el plebiscito, coincidencialmente todos los procesos de paz hechos en Colombia estarían pasando un mecanismo que involucre al pueblo colombiano.

“Desde luego hay una discusión antecedente sobre ley de participación ciudadana, pero creo que es justo por el alto nivel de importancia, porque es un tema coyuntural, que se dé un tratamiento específico y un tipo de mecanismo específico para la refrendación”, dijo Villarraga.

En cambio, no está de acuerdo el politólogo Pedro Medellín, quien considera que “si se trata de modificar las reglas de juego de participación, pues hay que hacerlo de todo el aparato y no solamente con respecto al plebiscito; entonces, si se trata de hacerlo vamos a terminar en medio de una constituyente haciendo todos esos cambios”.

Medellín, contrario a Villarraga, piensa que no se debería realizar este plebiscito, no solo porque no existía la obligación, sino también, porque –también en contrario a la representante Angélica Lozano— se están cambiando las reglas de juego.

“Eso traerá todas las consecuencias negativas del caso, porque no se pueden cambiar las reglas de juego por más noble que sea el propósito. Después se va a encontrar otra razón para cambiarlas. No es sano, no es recomendable, no es democrático, no es político y no es ético cambiar las reglas de juego, por más noble que sea el motivo”.

En medio de ese tipo de advertencias, el plebiscito va por buen camino, aunque no se descarta que en las discusiones que den las plenarias se vuelva a revivir la propuesta de aplicar la modificación del umbral para cualquiera de los temas que toque un plebiscito.

Sin divulgación no habrá plebiscito

Fuera de la discusión sobre el umbral, durante el paso por las comisiones primeras, y como otro punto importante del proyecto, se fijó un artículo propuesto por la senadora del partido Liberal Viviane Morales, que pone en papel lo que el Gobierno nacional ha dicho que va a hacer: dar a conocer a todos los colombianos y en toda su extensión, los acuerdos que se logren en La Habana.

El nuevo artículo estipula: “El Gobierno deberá divulgar en su integridad el contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con todos sus anexos y documentos, 20 días antes a la fecha de votación del Plebiscito”.

Y plantea que para tal fin se debe crear una estrategia de comunicación que permita la difusión del acuerdo final en el que se tengan en cuenta sitios web, redes sociales, periódicos, emisoras, canales de televisión, así como la Urna de Cristal y transmisión televisiva que utiliza tradicionalmente el Gobierno.

No sería necesario para la justicia transicional

El politólogo Pedro Medellín advierte que hay una cuestión sobre la que no se ha ahondado mucho y es la aplicación del plebiscito en el punto de justicia transicional.

Según Medellín “el acuerdo que se firmó con las Farc en materia de Justicia es de carácter especial y eso supone que no necesita ningún tipo de refrendación y entra en vigencia automática”.

Si esa tesis prevalece, el plebiscito, que en días sería aprobado por el Congreso de la República, tocaría todos los puntos -desarrollo rural, víctimas, participación política-, pero no la justicia, justamente el tema que más ha causado diferencias.

¿El plebiscito es inconstitucional?

La oposición se ha hecho sentir durante el trámite del proyecto de ley. El Centro Democrático ha lanzado sus críticas y ha tildado de inconstitucional el mecanismo.

“El Gobierno se inventa un plebiscito a la medida de las Farc, rebajando los requisitos legales para su realización y evitando que los acuerdos de paz sean discutidos, aprobados, modificados o negados por medio de los canales democráticos, como el Congreso Nacional, una Asamblea Constituyente o un referendo”, expresa el senador Alfredo Rangel.

Para él y su bancada, “cuando el doctor Humberto De la Calle, justificando su plebiscito inconstitucional señala que para alcanzar la paz hay que tener ‘dosis de realismo’, parece querer decir que en aras de una paz indigna todo vale: vale la impunidad, vale el aumento del narcotráfico (...) y, en fin, vale engañar a los colombianos y violentar las instituciones democráticas”.

El debate de si es constitucional no se ha extendido, por ser un trámite que se está adelantando en el Congreso, órgano que tiene todas las facultades para hacer los cambios que se necesiten en la Constitución y las leyes, como lo señala Villarraga.

“De ninguna manera (es inconstitucional), porque precisamente el Congreso tiene las facultades y esta es una situación extraordinaria, se necesitaron de 50 años de guerra para llegar a esto, cómo no va a ser una situación que merezca tales modificaciones”, dijo.

En eso sí se pone de acuerdo con Medellín, quien, eso sí, señala que no es inconstitucional pero “inconveniente en términos del ordenamiento constitucional, porque se juega dentro de las reglas de cambiar la Constitución”.