En entrevista habla sobre la revisión que deberá surtir a la ley de plebiscito la Corte Constitucional, la forma como se hará la campaña tanto por el sí como por el no, pero también del umbral y la importancia de haberlo bajado.

¿Por qué se debe entender que el plebiscito es un valor agregado que el presidente Juan Manuel Santos le está dando al proceso de paz?

Está claro que el Presidente no tenía ninguna obligación Constitucional, ni legal para someter los eventuales acuerdos de La Habana a la votación del pueblo colombiano.

El mandato constitucional al Presidente para buscar la paz y sus facultades son suficientes. Sin embargo, siempre ha considerado que esta no es la paz de Juan Manuel Santos, ni de su gobierno, sino de todos los colombianos.

El valor agregado es ese. Él tomó la decisión porque consideramos que es totalmente esencial que en una paz después de 50 años de conflicto, participemos todos los colombianos, opinando por el sí o por el no. Haciendo un debate abierto, divulgando acuerdos en su totalidad y dando garantías para que tengamos como preámbulo a esa Colombia en paz, un debate democrático, deliberante, respetuoso, tolerante alrededor de los costos de la paz, pero también de los costos que supondría continuar con la guerra.

En el debate del plebiscito, tanto en Senado como en Cámara, la oposición quiso tildar al Gobierno como una dictadura que quiere cambiar la norma del plebiscito e imponer a su manera este plebiscito. ¿Qué responder a ellos?

Ellos llevan tres años en esa misma estrategia. Hablando de castrochavismo, de entrega del país, de leyes habilitantes que sólo existen en la imaginación de la oposición. Nosotros no reconocemos enemigos de la paz en Colombia, sino unos contradictores del proceso de paz, que tienen unas dudas, unos cuestionamientos, que no les gusta la manera como se lleva adelante el proceso, pero que tendrán todas las garantías durante la campaña del plebiscito, de escuchar de la opinión pública sus planteamientos, sus críticas y que sean ellos los que resuelvan si quieren acabar con el conflicto o continuar con la guerra que tanto daño le ha hecho al país.

¿Cómo será y quiénes estarán en esa campaña del plebiscito?

La campaña obviamente no se ha definido. Tenemos que cumplir primero en el Congreso, esperar que la Corte Constitucional revise la ley estatutaria del plebiscito especial para la paz, para que el Presidente y el Gobierno, posteriormente, puedan convocarlo, pero hasta el momento no hay organizada una campaña, ni hay estrategias definidas. Lo que hay es la voluntad del Presidente de facilitar la participación ciudadana en el proceso de paz. Ningún proceso de paz en Colombia ha sido sometido a un escrutinio como este.

Lo que tienen que entender además los críticos del plebiscito es que Colombia vive una circunstancia excepcional que amerita y requiere medidas como las que se están tomando, tanto con el acto legislativo para la paz como con la ley del plebiscito. No se pueden analizar estos elementos como si estuvieran siendo tramitados en una situación ordinaria del país.

¿Quedó claro que la decisión que tomen los colombianos serán vinculantes bien sea para sí o para el no en el plebiscito y también el acto legislativo?

Las dos iniciativas tienen que ser analizadas en su conjunto. No pueden analizarlas aisladamente. La votación de los colombianos en el plebiscito será vinculante para que el Congreso de la República, mediante el acto legislativo especial con la comisión legislativa y las facultades especiales del presidente, desarrollen e implementen los acuerdos de La Habana.

Pero de ninguna manera significa que los colombianos al votar los acuerdos, estos queden incorporados a la ley y la Constitución. Será el Presidente y el Congreso los que implementen ese mandato ciudadano.

La ley dice que ustedes como el Gobierno van a poder promover ese plebiscito a través de varios mecanismos, ¿cuáles son y cómo se hará?

Hoy en la ley de participación ciudadana se permite que el gobierno pueda hacer campaña a favor del sí. Lo que está claramente prohibido es la utilización de recursos públicos del Estado para esos fines. Los funcionarios públicos podrán hacer campaña, intervenir en medios, en foros, fijando su postura, pero no utilizando cargos oficiales frente a este propósito.

Algo distinto es la pedagogía de los acuerdos de paz, que es un compromiso del gobierno en el sentido de que tienen que difundirse ampliamente los textos de los acuerdos, para que los colombianos conozcan hasta la última línea los contenidos de esos acuerdos y puedan decidir por el sí o por el no.

¿Esos dineros vendrían de promotores del ‘sí’ o el ‘no’ y no por parte del Gobierno?

El Estado garantizará un acceso a los distintos comités para que se divulguen las posiciones respecto al plebiscito por el sí o por el no. Pero lo que tiene que ver con la publicidad como tal, eso lo financiaría cada comité y los partidos.