En diciembre, la situación se agudiza con un nuevo escándalo de nuevas interceptaciones y seguimientos que provendrían de la Policía nacional. Por otro lado, es preocupante que, 15 años después de creado el sistema de protección a periodistas en riesgo por razones de su oficio, se sigan presentando falencias en la implementación.

La impunidad en las investigaciones judiciales por las agresiones contra la prensa sigue siendo la regla. Se destacan las tres prescripciones de procesos por asesinatos de periodistas y las constantes demoras para llevar a término los juicios en contra de los victimarios de Jaime Garzón y de Jineth Bedoya, quienes llevan más de una década buscando justicia.

Existen iniciativas del Estado para mejorar la situación. El Ministerio del Interior está creando una política pública que pretende garantizar la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas está adelantando un proceso de reparación colectiva al periodismo; y el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó un informe sobre la violencia con la prensa en el conflicto. Todavía está pendiente saber el impacto que tendrán estas iniciativas, las cuales requerirán del compromiso del Estado y del seguimiento juicioso por parte de la comunicad periodística.

Por último, la cercanía de un acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno Colombiano y las Farc abre la puerta para nuevos debates sobre la libertad de prensa en el país como herramienta para la construcción de democracia.