El Concejo de Ibagué dio total respaldo ayer a la elección de Ramiro Sánchez, exdirector de la Esap, para ejercer el control fiscal en los próximos cuatro años, al asumir como nuevo Contralor municipal.

La bancada liberal encabezada por Camilo Delgado, presidente de la Corporación; Ernesto Ortíz, Carlos Andrés Castro, Oswaldo Rubio y Marco Tulio Quiroga (partido La Rosita) dio el aval al tercero de la lista de elegibles, quien alcanzó un índice de 73.3 puntos durante las pruebas que fueron llevadas a cabo por la CUN.

Carlos Portela y Jorge Bolívar, del Partido Conservador; Humberto Quintero y Víctor Hugo Gracia Contreras, del Partido Cambio Radical; Flavio William Rosas y Linda Perdomo, de Alianza Verde; Hasbledy Morales, del Centro Democrático; Víctor Julio Ariza, de Aico; Juan Evangelista Ávila, del Mais; William Santiago Molano, de Firme por Ibagué, y Harold Lopera, del Mira, se unieron a la coalición que buscaba dejar en el ente fiscalizador a quien sería cuota del líder político Emilio Martínez Rosales y quien a último minuto se unió a la campaña del ahora alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras haber entregado su aval a Jhon Ésper Toledo.

Los “derrotados” fueron los concejales Luis Alberto Lozano, del partido Opción Ciudadana, cercano del exalcalde Jesús María Botero, y por el partido de La U, Martha Ruiz y Pedro Mora. Ruiz es ficha directa del exalcade Jorge Tulio Rodríguez. Los tres apoyaron la elección de Marcela Jaramillo, quien había superado las pruebas con un 83.1 por ciento.

Pero la elección dejó a más de uno descontento y con el sinsabor de que el proceso fue más una jugada política que un concurso de méritos, como se concibió en noviembre del año pasado por el presidente del Concejo, Luis Alberto Lozano. El abogado Wilson Leal Echeverry, el vocero del Polo Democrático, Julio Enríquez, y el concejal Mora expresaron su descontento.

Según Leal, el proceso está viciado y los 16 cabildantes que avalaron la elección de Sánchez, tercero en la lista de elegibles, podrían estar expuestos a acciones disciplinarias y penales.

Según el abogado, la junta directiva del Concejo, liderada por Delgado, Lopera y Molina, modificó las reglas del concurso de méritos, eliminando el epígrafe que establecía que solo quienes obtuvieran un puntaje por encima de 80 podrían conformar la lista de elegibles. Es decir, solo Jaramillo cumplió con el requisito, pero el cabildo dio la espalda y apoyó al tercero en la lista.

“El Concejo se engolosinó si era lista de elegibles, lista de participantes, lista de candidatos y nunca entendió el problema. El problema es que esa regla que quisieron borrar a última hora les quedó en distintos apartes del reglamento. No fueron cuidadosos en hacer la triquiñuela y quedó vigente la regla conforme a la cual para integrar la lista de elegibles hay que superar el 80 por ciento y esa lista quedó integrada por la única persona que superó ese ponderado.

“Si los dos o los cuatro hubieran superado el 80 por ciento, el Concejo hubiera tenido la libre posibilidad de escoger a cualquiera, pero en este caso solo una persona superó ese margen, en consecuencia vine a relamerme los bigotes porque este es un proceso en que cualquier jurista que me escuche tendrá un pronóstico excelente. Auguro una vida profesional en el ejercicio muy breve al Contralor elegido”, puntualizó.

El jurista sostuvo que el proceso es demandable, ya que es muy difícil sostener de cara a la ciudadanía que el tercero en las pruebas es el más idóneo para ocupar el cargo. Se esperaría hasta la próxima semana, cuando la Rama Judicial entre de su periodo de vacaciones, interponer la demanda.

“Si el más idóneo es el tercero, el Tolima fue el campeón, porque quedó como de quinto. No, el más idóneo es el que sale de primero, esto no tiene ningún sentido y no tiene presentación, esto es una burla, pero además debe tener implicaciones, pues estos caballeros siguen haciendo esto feriando, cómo llegan ellos a que el tercero es el primero, vaya pregunte usted qué intereses hay detrás, qué se ofrece, qué se puede entregar, qué cositas hay ahí que no se puede publicar.

“No sé, pero para que ese orden lógico se altere tiene que ver alguna razón, no me corresponde eso, pero sí ir a la instancia judicial y plantear estos argumentos de tipo constitucional y de tipo legal para que los jueces me digan ‘Usted tiene la razón o está loco’, pienso en estos momentos que la tengo”.

Concurso de méritos o convocatoria pública

Mora y el abogado Leal sostienen que la anterior Junta Directiva, es decir, la integrada por el concejal Luis Alberto Lozano, publicó las resoluciones 330 del 7 de diciembre, 333 del 15 y 343 del 21 de diciembre, en las que se especificó el reglamento del concurso de méritos y, por ende, quienes alcanzaran un puntaje superior a 80 conformarían la lista de elegibles para que el Concejo deliberara posteriormente a quién daría su apoyo.

No obstante, la actual Junta Directiva, encabezada por el concejal liberal Camilo Delgado, dio cuenta de imprecisiones técnicas y jurídicas en las resoluciones que consolidaron el proceso y con sustento jurídico de un concepto del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Álvaro Namen Vargas y la circular 100005 de 2015 del Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Esap reversó y/o reformuló a poco menos de cinco días de la elección las bases del proceso.

Según Delgado, la antigua Junta confundió los conceptos de “Concurso de méritos” y “convocatoria pública” y los términos de “lista de elegibles” por lista de aspirantes en el proceso de elección de Contralor. No obstante, el concepto que acogió Delgado para enmendar el supuesto error de la resolución conjunta establece que para la elección de contralores municipales, distritales y departamentales “al ser un proceso de convocatoria pública no aplica un orden específico de elegibilidad entre los seleccionados para la escogencia final del contralor; es decir, no se configurará una lista de elegibles”. Bajo este concepto que no es vinculante, los 16 concejales se ampararon y eligieron a ‘criterio propio’.

Los concejales Linda Perdomo y William Rosas, al argumentar su voto a favor de Sánchez, endilgaron la responsabilidad de posibles acciones disciplinarias a la antigua Junta del Concejo, presidida por Lozano.

La voz

El abogado Wilson Leal argumentó que existiría otra causal de nulidad del proceso y esta tendría que ver con el concejal Ernesto Ortiz, quien votó la elección y no declaró posible conflicto de intereses al tener vinculado a la nómina de la Contraloría, aparentemente, al esposo de una de sus hijas. Leal no descartó que de esto pudiera ejercer posibles demandas por pérdida de investidura al cabildante.