En una extensa lista de trinos, el jefe de la delegación de la guerrilla, Iván Márquez, y el senador Álvaro Uribe Vélez, cuestionaron la decisión del Gobierno.

Pese a la polémica, la subasta se llevará a cabo el próximo 13 de enero. Hasta el momento la firma canadiense Brookfield Asset Management (BAM) será la única en la puja para adquirir el 57,61 por ciento de las acciones que tiene el Gobierno en la generadora de energía Isagén.

El interés de esa compañía quedó en firme, al ser la única en presentar las pólizas exigidas para participar en el proceso, requisito con el que no contó la empresa francesa Engie (antes GDS Suez). Además, la chilena Colbún ya no presentará oferta, explicando que la decisión se debe a los nuevos plazos fijados y al aumento del precio mínimo.

Por su parte, Uribe Vélez calificó como una ofensa al país, que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente Juan Manuel Santos vendan el activo a pesar de contar con un único proponente.

“Construir la infraestructura de Isagén vale más del doble del precio pretendido de venta, ¿por qué el Consejo de Estado prohibió asignar canal de TV con un solo proponente y Gobierno amenaza vender a Isagén a un solo proponente?”, cuestionó Uribe.

Asimismo, aseguró que el jefe de Estado quiere “repetir” el error que asegura él no cometió en el suyo, al vender el control estatal de dicha empresa.

Una posición similar tuvo el senador Iván Duque, quien cuestionó la rentabilidad de la construcción de las 4G, si hay “que vender Isagén para con ese dinero brindar créditos ultrablandos a los constructores de las mismas”.

“Es algo lamentable que se venda un actor protagónico en un sector estratégico. Isagén es la segunda generadora del país, y según expertos la demanda de energía crecerá anualmente por encima del promedio latinoamericano durante las próximas dos décadas, convirtiendo a la empresa en una pieza central de la expansión del sector”, argumentó Duque.

De otro lado, alias ‘Iván Márquez’ criticó desde Cuba la venta de Isagén, advirtiendo que supuestamente los recursos que genera la enajenación irán a parar a constructoras privadas de las 4G.

Además, rechazó la información que se conoció supuestamente de la Comisión de Expertos que trabaja en la propuesta de la reforma tributaria estructural.

Por esto aseguró que el incremento y ampliación del IVA, así como la continuación del 4x1.000 y otros impuestos, significa pasarle la factura de la situación fiscal a los colombianos.

“Minhacienda meterá la mano a los bolsillos de colombianos con reforma tributaria para seguir gastando 48 billones de pesos en deuda y 30 en guerra (…). A propósito de los problemas fiscales, ¿cuánto nos cuestan las exenciones, cuánto las evasiones y cuánto la corrupción?”, señaló.