Sobre esta decisión, aprobada en primer debate, el diputado Julián Fernando Gómez, indicó que: “El nuevo gobierno necesita las herramientas necesarias para generar un ambiente propicio para cumplirle a los tolimenses. Entendemos que viene un proceso que no es fácil, como la formulación del Plan de Desarrollo (...) lo que quiere el gobierno departamental es la extensión de unas facultades que le fueron entregadas al Gobernador y que van hasta el 28 de febrero, y esa extensión sería pro témpore, hasta el 31 de diciembre”.

La otra cara de la moneda se vio entre dos de los diputados liberales, quienes votaron negativo a esta ordenanza.

El asambleísta Carlos Arturo Reyes dijo que “mi posición en esta Asamblea ha sido de nunca darle autorizaciones por un año al Gobernador, porque me parece que esa decisión viola los preceptos constitucionales y legales, pues las diferentes jurisprudencias dicen que las autorizaciones deben ser precisas”.

Y agregó que “en aras de decirles que no vayan a cometer un error y que no nos toque demandar esa ordenanza ante el Tribunal Administrativo del Tolima, he sugerido que se le entregue hasta el 30 de mayo y, en junio, si se necesita más, observamos las autorizaciones que se le deban al Gobernador”.

Proposición tardía

 Por otra parte, Milton Restrepo, presidente de la Asamblea del Tolima, y los diputados Luis Fernando Lombo y Carlos Reyes, presentaron por aparte una proposición ante la Duma en la que rechazan la venta de Isagén por parte del Gobierno. Sin embargo, los asambleístas ‘se durmieron’ frente a este tema, pues otras asambleas en el país se pronunciaron desde mucho antes sobre el tema, el cual terminó ayer con la venta de las acciones de la electrificadora a la empresa canadiense Brookfield Asset Management.