La demanda iba dirigida contra los artículos 10, 14, 23, 24 y 25 de la Ley 48 de 1993, y en ella se aseguraba que el Congreso no había tratado lo que debía suceder con la prestación del servicio militar obligatorio en el caso de las personas transexuales y transgeneristas, por lo que la Corte debía pronunciarse.

No obstante, la Sala Plena consideró que la demanda no contaba con los requisitos necesarios para ser estudiada y se inhibió.

En su pronunciamiento, la Corte explicó en todo caso que la demanda no tuvo en cuenta “avances jurisprudenciales sobre la materia, que reconocen expresamente que las mujeres transgénero no son destinatarias de las normas sobre servicio militar obligatorio y que, bajo el principio de autonomía y libre desarrollo de personalidad, el autorreconocimiento es suficiente para ser exoneradas del servicio, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993”.

Los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva manifestaron su salvamento de voto al estimar que la Corte sí podía pronunciarse sobre si estas normas vulneran los derechos a la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres transexuales.

Ellos resaltaron que los cuestionamientos planteados no solo tienen que ver con los derechos de una población tradicionalmente discriminada, sino que también era de suma importancia resolver con claridad por vía general, un asunto que ha sido objeto de distintas acciones de tutela y respecto del cual existen variaciones de la jurisprudencia a considerar.

Sobre este asunto, en el marco del proceso, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, expuso algunos de los fallos en tutela que benefician a la personas transgénero.