Las Zidres se plantearon en varias ocasiones en el órgano legislador, pero las críticas de algunos sectores, especialmente de las organizaciones campesinas, evitaron que los anteriores proyectos llegaran a buen término.

La iniciativa ha sido rechazada, pues los contradictores afirman que con las Zidres se legalizaría la posesión por grandes empresas de predios baldíos, que por ley deberían corresponder a los campesinos pobres, sin tierra.

El senador Robledo afirmó: “Nadie, como Santos, se había atrevido a tanto contra el campesinado colombiano”. Y recordó que la aprobación de la ley se hizo de la mano con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, porque el de Agricultura, Aurelio Irragori, se declaró impedido por tener familiares que presuntamente estarían involucrados con apropiación ilegal de baldíos.

El Congresista reiteró que con esta ley se legalizarán las acumulaciones ilegales de baldíos por grandes monopolios que serían asesorados por la firma del abogado Carlos Urrutia. Y resaltó que las zonas que podrán declararse en cualquier parte del país “en donde a los propietarios ubicados dentro de ellas, campesinos, medianos y pequeños empresarios, les impondrán falsas asociaciones, como las de Cargill e Indupalma, que los convertirán en siervos modernos”.

Otras fuerzas

A esta demanda también se podría unir la congresista Ángela María Robledo, del partido Alianza Verde, quien ha afirmado que con esta nueva ley se está contradiciendo el Gobierno nacional con el primer punto del acuerdo parcial firmado en La Habana, en el que se crea el Fondo de Distribución de Tierras, que toma como base los baldíos.

Mientras tanto el congresista de ese mismo partido, Inti Asprilla, señaló: “Estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad entre algunos congresistas de la Alianza Verde y el Polo Democrático, la cual esperamos tener lista en la primera semana de marzo. Esta ley se tramitó violando el derecho fundamental a la consulta previa con las comunidades indígenas”.

Y reiteró la contradicción expuesta por la representante Ángela Robledo: “Hasta que el Gobierno no demuestre con hechos reales que tiene la voluntad de constituir un Fondo de Tierras que cumpla con la deuda histórica que se tiene los campesinos colombianos, no se podrá lograr una paz estable y duradera en Colombia.

“Los campesinos no viven de buenas intenciones, ni de pomposos anuncios presidenciales, esperan hechos concretos, y aún esperan que el Estado les garantice la propiedad de la tierra”.