Hasta el 31 de diciembre de 2016, fueron concedidas por la Asamblea departamental las facultades al gobernador Óscar Barreto, para operar según sus políticas los recursos aprobados en el presente año, actuación que fue cuestionada por algunos diputados quienes proponían que se le permitiera solo hasta junio, para que así Barreto durante esas fechas hiciera un balance de los gastos y estableciera los proyectos faltantes.

Los asambleístas que votaron a favor, consideraron que así el mandatario de los tolimenses podrá trabajar sin obstáculos durante su primer año de gobierno. Pero quienes fijaron su posición en contra, dijeron que se quedaron sin trabajo en la Asamblea, ya que no podrán regular los proyectos y programas para autorizarlos, además que el control político de estos solo sería efectivo hasta el próximo año.

A pesar que son conscientes de que esta no es la primera vez que se otorgan este tipo de facultades a un gobernante, hay quienes dijeron que justamente la experiencia les ha enseñado que los informes que se comprometen entregar periódicamente nunca llegan.

La discusión

El Gobernador podrá incorporar, adicionar, modificar, efectuar traslados presupuestales y crear rubros para la ejecución de sus políticas, programas, subprogramas al igual que proyectos establecidos en el presupuesto de rentas y gasto, durante el presente año.

El diputado Jorge Armando Duque, como uno de los proponentes señaló: “La situación fiscal del departamento es crítica, son solo $6 mil millones que se podrán utilizar este año para inversión, y es cierto que este acompañamiento se pudo hacer hasta mitad de año.

“Lastimosamente las posiciones y la forma en que se abordan los debates a veces no son tan constructivos y hay mucha oposición y como es normal mucho juego de interés político, pero pondrían al Gobierno nuevamente en una serie de dificultades para incorporar los recursos que se necesiten”.

Por su parte el asambleísta Luis Fernando Lombo, precisó, “no nos estamos oponiendo a las facultades, pero la mayoría decidió dar un cheque en blanco hasta el 31 de diciembre, ahí la importancia de que la Asamblea no entregue facultades tan folclóricamente, pero desafortunadamente algunos diputados se basaron en sus compromisos con el Gobierno, y la llamada coalición.

“Por eso no les importa, no revisan ese tema afondo, sino que únicamente a pupitrazo limpio le entregan esa facultad al Gobernador, sin importar las consecuencias que en un momento determinado pueda traer”.

Enfrentamiento

Al paso también salió la diputada Graciela Vergara, quien también fue proponente, “yo no entiendo porque dice Lombo eso, si en el periodo pasado fue él quien más apoyó autorizaciones similares para el gobernador Luis Carlos Delgado; además, eso no significa que no podamos hacer control político, podemos llamar a cualquier funcionario del Gobierno a que nos explique si tenemos dudas en su proceder. Hay que preguntarle a los que votaron en contra si es, ‘tinte político’, porque en mi caso se tiene el objetivo de que el departamento salga de su crisis económica”.

El asambleísta Carlos Reyes aseguró: “Algunos se han declarado muy amigos del Gobernador y quieren con esto tener un gesto de fina coquetería, pero estos gestos no deberían hacerse, sino que se debe hacer autorizaciones reguladas acordes a la realidad, lo que pedimos es que se dé pero en menos tiempo, ya que esto lo que demuestra es la falta de planeación del Gobierno, y la misma Asamblea se equivoca, ya que es incentivar al desorden y a la flexibilidad con la Administración”.

Cuestionamientos

Con una votación de ocho diputados a favor, se aprobó el proyecto de ordenanza que le brinda facultades al gobernador en el tema presupuestal, por considerar que se podrá adquirir recursos con mayor facilidad al gestionar ante el Gobierno nacional y deferentes entidades, y así invertir en sus programas sin dificultades, pero algunos consideraron que el proyecto tuvo imprecisiones, y que además se afectaría el ‘pro témpore’ que indica la ley.

La propuesta incluía la posibilidad de tener facultades sobre el servicio de la deuda, y así se hubiese podido hacer endeudamientos sin aprobación de la Asamblea, hizo que diputados como Lombo consideraran que “pudo haber sido un mico que nos querían colocar”. Además han considerado que el tiempo de una vigencia vence el 31 de diciembre, y en este caso las facultades también, lo que imposibilitaría realizar el control del gasto, ya que los informes se deberían realizar sobre proyectos ejecutados.