“El verdadero alcance de esta consulta, es que la ciudadanía respalde una posición, y opinión del Alcalde sobre este tema, que tiene un efecto netamente político, porque con esto no se va a cambiar un Plan de Ordenamiento Territorial, no se va a derogar un titulo minero, no se va a ir Anglogold Ashanti, y tampoco nos asegura que nunca se va a hacer un proyecto minero”, precisó la congresista.

Y adicionó: “Yo respaldo la consulta como un mecanismo de expresión ciudadana legítimo, que tiene los mecanismos legales, aquí nadie está más allá de sus competencias excepto la Procuraduría que claramente está tratando de intimidar para que no se haga la consulta, pero creo que el Alcalde ha cumplido con su competencia, el Concejo debe cumplir con la suya que es pronunciarse no sobre la legalidad, sino sobre la conveniencia de que se realice”.

El cabildo

Ante las dudas de los cabildantes sobre la legalidad del proceso y las posibles investigaciones por parte de la Procuraduría para generar la pérdida de investidura al continuar con el proceso, la Senadora indicó que:

“No les estoy pidiendo a los concejales que hagan de héroes y heroínas, y se expongan sin respaldo legal, porque si tienen el respaldo constitucional legal, eventualmente la Procuraduría podría cometer una arbitrariedad abriendo una investigación pero no los va a poder sancionar, porque no tiene el fundamento legal, además si requieren el respaldo político aquí vendremos a acompañarlos”.

“El Procurador es un pinocho y está cañando, porque sabe que no va a poder concretar las amenazas que ha mandado a los concejales, haciendo de ‘lobbysta’ de esas mineras o por lo menos de intereses contrarios a la expresión ciudadana, yo lo he visto haciendo el mismo tipo de abusos muchas veces”.

El costo

A pesar del control de advertencia emitido por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, donde se presume que desarrollar la consulta podría incurrir en un detrimento patrimonial cercano a los $10 mil millones, y por lo tanto en un eventual prevaricato y hasta en concierto para delinquir, López afirmó:

“La democracia cuesta e invertir en ella me parece legítimo, todas las elecciones cuestan una plata, el doctor bustos de la Red de Veeduría lo decía, pero es que cuando él hace trámites de acciones populares ¿no le cuestan?, y no podemos dejar de hacerlas porque valgan, además por eso se hace un procedimiento legal para decidir si vale la pena”.

Aunque consideró que no sería el único mecanismo de participación, “si se trata de manifestar una opinión expresa sobre temas mineros contaminantes hay muchas maneras de darla, como hacer una encuesta, o una marcha con miles de ciudadanos, la consulta popular es otra perfectamente legítima que previó la Constitución como un mecanismo formal y legal para tener la opinión ciudadana, pero creo que el impacto político inicial es el mismo, aunque puede que sea más formal y tenga un poco más de viso, rigor y respaldo”.

Para la Congresista a pesar de que no tendría el impacto que se espera, los ibaguereños deberían fijar su postura; “si los ciudadanos piensan que es una pérdida de tiempo no saldrán a votar y el alcalde se expone a hacer el oso de convocar una consulta para que nadie vaya; si yo viviera en Ibagué votaría a favor de la consulta, aunque no se tenga un efecto jurídico inmediato, por ejemplo en Piedras tampoco se tenía, pero hizo que se contuviera el proceso que se venía para allá”.