El Concejo de Ibagué le dio un espaldarazo al alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, con la aprobación del estatuto de valorización, dejando en firme los lineamientos para la presentación de megaproyectos que tendrán que ser pagos directamente por el bolsillo de los ibaguereños.

Mientras en Bucaramanga la justicia declaró nulo el cobro de valorización que se ha hecho desde 2013, en Ibagué el Concejo da vía libre a la Administración para utilizar ese método en proyectos de cuantioso presupuesto, que desde ya se vienen gestando en la Alcaldía.

El proyecto fue aprobado por 17 de los 19 concejales; Carlos Andrés Portela y Humberto Quintero dieron su voto negativo al considerar que varios articulados no contaban con la claridad suficiente y faltaban garantías para salvaguardar los recursos de los ibaguereños.

La negativa

El concejal Quintero indicó que su voto negativo se debía a que los más afectados podrían ser las personas de escasos recursos y quienes viven en zonas de riesgo, ya que no quedó establecido quiénes estarían exentos de la valorización, además aseguró que con parte de los dineros recaudados se realizarán Alianzas Público Privadas, y no se valoró si la contribución se hará antes, durante o después de las obras que se proyecten.

“Es nocivo porque Ibagué está pasando condiciones difíciles, vamos a tener una actualización catastral que aumentará el cobro en la contribución del Predial; los más imposibilitados serán los estratos 1, 2 y 3 sobre todo, cuando se venció la exoneración para zonas de riesgo, entonces tendrán que pagar Predial, valorización, actualización catastral, y seguramente el aumento de la sobre tasa ambiental, lo que hace imposible la contribución de ellos”, indicó Quintero.

Por su parte, Portela cuestionó que para el estatuto de valorización sea necesario hacer uso de una fiducia, ya que la Administración municipal canceló recientemente una, y expresó que “cómo es posible que para unas cosas sí es buena mientras para otras no”, “se deben hacer las cosas por convicción y no por conveniencia”.

Cabe recordar que durante el Gobierno de Luis H. Rodríguez, el proyecto para el estatuto de valorización fue hundido mientras surtía trámite en la Comisión de Plan, esto ante la oposición de cuatro de los siete cabildantes que la conformaban, entre los cuales estaba Camilo Delgado y Pedro Mora, quienes esta vez dieron su respaldo a la iniciativa de Jaramillo.

En su momento el cabildante Delgado denunció presiones de la administración de Luis H. para aprobar dicho proyecto, por su parte Mora aseguró en 2014, que no se le podía exigir el pago de otro tributo a la comunidad, cuando el 80 por ciento de los ibaguereños vivían del rebusque; pero en esta ocasión fue ponente del estatuto.

La defensa

Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, celebró el apoyo de las mayorías del Concejo, e indicó que: “El estatuto son las reglas para que en un futuro las obras que requieran de una valorización puedan sean financiadas, es de aclarar que el estatuto ya existía, lo que hicimos fue replantearlo, actualizando las normas, y dándole un enfoque más funcional a sus etapas y más garantías para el control del Concejo”.

Espinosa afirmó que cada proyecto que requiera de valorización deberá ser primero presentado al Concejo para analizarlo, allí se establecerá la distribución de tiempo para cobrar la contribución, al igual que el presupuesto para la obra, el método y los pormenores de cada iniciativa, los cuales pueden variar, además precisó que no se estableció estratos socioeconómicos, por eso el tratamiento especial será definido por el cabildo.

“La fiducia es un mecanismo que utiliza tanto el sector privado como el público, con el objetivo de que solo se puedan utilizar los recursos en una destinación específica, hemos entendido que hay desconfianza con los aportes para la contribución, debido a que en otras ciudades ha sucedido que se cobra la valorización pero no se terminan las obras como pasó en Bogotá y Medellín”, dijo el secretario de Hacienda.

Megaproyectos

La primera gran inversión que propondrá la Administración de Jaramillo, corresponde a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), la cual costaría cerca de $400 mil millones, de los cuales los contribuyentes aportarían cerca de $120 mil millones, y el restante el Gobierno nacional, por lo tanto se está gestionando con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la resolución del Conpes de la Movilidad.

Otros proyectos que ya se estarían analizando para desarrollar con valorización, sería un plan maestro para el alcantarillado de la ciudad que hasta el año pasado estaba en $350 mil millones, además de la recuperación total de la malla vial de Ibagué que tendría un valor cercano a $400 mil millones; el Secretario de Hacienda no descartó otros megaproyectos cuantiosos.

Fedemunicipios

El Concejo también aprobó la desafiliación de Ibagué de la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, concediendo así tres meses para que la Administración municipal surta el trámite del retiro, esto a pesar de que por ley continuará como asociada para participar del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), al cual se le deberá seguir pagado el 10 por ciento del recaudo de las penalidades.

“No se perdió el vínculo como asociados que es por ley, pero sí la afiliación, que lo único que nos daba era el derecho de votar en las decisiones de la asamblea de la Federación a la cual pagábamos $46 millones anuales, pero ese costo no tenía beneficio para Ibagué, y así lo entendió el Concejo después de la exposición de motivos y de la presentación del presidente de Fedemunicipios Gilberto Toro”, indicó el secretario de Hacienda, Juan Espinosa.

El presidente del Concejo, Camilo Delgado, solicitó que se invierta en labor social con los recursos que se va a ahorrar la Administración mediante la desafiliación de Fedemunicipios.