En audiencia de alegatos de conclusión desarrollada en Bogotá, el defensor Miguel Ángel Quintero Lizarazo aseguró que se debe excluir del proceso la que sería la ‘prueba reina’ de la investigación que se adelanta en su contra: un video que supuestamente registra que este utilizó indebidamente su cargo para pedir a los contratistas Andrea Rodríguez, José Luis Yara y Rafael Nieto y al funcionario Guillermo Andrés Becerra Encinales que pagaran la suma de 15 mil pesos para asistir a la reunión de campaña política de Mauricio Jaramillo Martínez, candidato a la gobernación del Tolima.

Quintero Lizarazo argumentó que el video en cuestión fue grabado de manera ilegal mientras se desarrollaba una reunión de temas laborales por parte del ingeniero Rafael Nieto, quien aseguró ante la Fiscalía y la propia Procuraduría que este fue grabado para posteriormente “realizar una broma o una pega, a manera de chiste”

El abogado de Huepa Bríñez leyó en la audiencia la denuncia penal que Nieto radicó en la Fiscalía luego que empezara a recibir amenazas, en donde quedó registrado que el contratista Diego Bonilla le ofrece a nombre del diputado Ricardo Orozco un millón de pesos por el video, más un cargo en la Gobernación, cifra que luego aumenta a cinco millones ante la negativa de Nieto de venderlo. Según la denuncia de Nieto, el video fue luego robado de su correo electrónico y posteriormente difundido en un medio de comunicación.

En ese sentido, el abogado Quintero Lizarazo aseguró a la Procuraduría que el video originalmente recibido por la entidad no tenía audio, como lo indicó la misma entidad, y pidió que se excluya el mismo, así como la transcripción de los supuestos hechos que fue aportada por Adolfo Osorio Reyes, quien interpuso la queja en contra de Huepa Bríñez.

“No puede ser fundamento per se de una decisión judicial una prueba que ha sido fabricada premeditadamente, manipulada previamente, viciada, del cual no existe prueba de su estado original, violando las garantías fundamentales, y con oscuras intenciones que están siendo objeto de investigación por las autoridades”, aseguró.

De acuerdo con la defensa, en la investigación de la Procuraduría fueron omitidos procedimientos técnicos y por eso el video y la transcripción no deben ser tenidas en cuenta. “Osorio no es interlocutor directo del video, sino (hizo parte) de la cadena de mercadeo ilícito del video”, señaló.

“(…) hubo manipulación de terceros que premeditadamente grabaron un video con el ánimo de inducir y comprometer la responsabilidad de un servidor público con trayectoria intachable. Es la misma Procuraduría la que está llamada a probar la responsabilidad del investigado y no este de probar su inocencia. (…) solicito señor procurador que se absuelva de toda responsabilidad al señor Huepa Bríñez”, precisó.

La audiencia de lectura del fallo de primera instancia quedó fijada para el próximo 10 de mayo a las 10 de la mañana.