Como una virtud de pocas personas, es para el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, el cuestionado cambio de posición de su directora Jurídica, Gladys Gutiérrez, quien ha sido criticada por defender ‘a capa y espada’ el proceso de la consulta popular contra proyectos mineros, cuando se desempeñó como abogada de la empresa minera Coco Hondo S.A.S., dedicada desde el 2008 a la extracción de oro en Antioquia.

El mandatario local afirmó: “Llevo más o menos un año conociendo a la doctora, (Gladys Gutiérrez) y siempre la he visto defendido los preceptos, que en alguna ocasión defendió a una compañía X es muy diferente a lo que defiende ahora, ojalá todos pudiéramos hacer ese cambio, porque a veces nos quedamos sobre unas cosas en las que somos intransigentes”.

Jaramillo aseguró que es normal en los humanos cambiar de posición al analizar y recapacitar, por lo tanto la reservada labor que desempeñaba la funcionaria sería parte de los “cambios” en su forma de pensar que la encaminaron a participar de la actual Administración municipal.

El burgomaestre indicó: “Anteriormente yo salía a cazar con un tío, hoy no soy capaz de tocar un animalito, los hombres y las mujeres cambiamos, por motivos de la vida estuvimos en un sitio y ahora no. Mi papá me llevaba a la plaza de toros y recuerdo que me tapaba los ojos, después asistí inclusive algunas veces, y un día mis hijos me hicieron recapacitar...

“Cuando era Gobernador los llevé a las corralejas de Espinal, ellos no sabían para donde iban, cuando entramos y vieron lo que le estaban haciendo al toro se pusieron a llorar y me reclamaron por qué los había traído y ese día entendí que mis hijos tenían más visión de lo que estaba pasando y dije: no vuelvo a una plaza de Toros; entonces todas las personas evolucionamos y cambiamos”.

Procurador “fastidioso”

Gladys Gutiérrez reafirmó su posición de defender la legalidad de los procesos que adelanta la Administración municipal como la consulta popular y precisó que el procurador ambiental y agrario Ernesto Cardoso se ha dedicado a fastidiar dicho procedimiento.

“El Procurador se pronunció, está recusando, pero más, está es fastidiando el proceso de la consulta popular, y porqué no lo hizo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) si tenía los mismos elementos, lo que nos lleva a concluir que los intereses se mueven. El interés es personal, no veo otro, porque aquí los interesados son el municipio y Colombia, que están pendientes de ser amparados y beneficiados de la consulta”, puntualizó la asesora Jurídica.

Por ahora el Tribunal Administrativo del Tolima está precisando detalles sobre la decisión de dar o no vía libre a la consulta popular, y si es pertinente que el magistrado Belisario Beltrán Bastidas fije su voto, ya que su hija es contratista de la Alcaldía.

Al generarse la incógnita de que si es declarado impedido el Magistrado, también se podría afectar la aprobación del POT, ya que se habría surtido en las mismas condiciones, Gutiérrez dijo: “Podríamos decir que sí, pero jurídicamente cada acto, recusación y proceso son temas individuales que se desarrollan y fallan propiamente con cada causa de circunstancia, de modo, tiempo y lugar”.

Cabe recordar que el Alcalde ha afirmado que dado el caso de negarse la legalidad de la pregunta por parte del Tribunal, tiene el ‘Plan B’, que será acudirá a la recolección de firmas para que nuevamente se presente la iniciativa al Concejo municipal, argumentando que el clamor ciudadano debe cumplirse, pero el obstáculo podrían ser los mismos cabildantes, ya que al tenerse una posición jurídica en contra podrían cambiar los pareceres.

Plantón contra el Procurador

Las declaraciones y acciones del Procurador Ambiental y Agrario, Ernesto Cardoso, han generado el rechazo de los ambientalistas, tanto así que han realizado dos plantones frente al edificio de la Caja Agraria (donde está ubicada su oficina), la primera manifestación se desarrolló el pasado viernes a las 6 p.m., y la segunda ayer martes desde las 8 a.m.

Alejandro García, representante de Comité Proconsulta Popular, dijo: “Esto se debe a la sistemática actuación del Procurador en contra de los derechos ciudadanos y ambientales; ya que además ha amenazado, que si el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima es a favor de la consulta, va a solicitar su nulidad.

“Es una persona que no está cumpliendo con su mandato constitucional de velar por los derechos ciudadanos, especialmente en buscar las medidas para tener un ambiente sano, por eso estamos declarando que es una persona no grata en el Tolima, estamos cansados de su actuar contra la defensa de la región, y exigimos su renuncia”.