Se aplazó otra vez la audiencia contra Jesús Ramón Rivera, exrector de la Universidad del Tolima, que desde 2009 está siendo investigado por la supuesta falsificación de firma en un contrato; por lo tanto tendrá la citación para conocer las pruebas testimoniales y documentales, y así se le permita al juez tomar un sentido de fallo; esto, después de siete años que se viene postergando el proceso.

Aunque el juzgado logró recibir en audiencia el material documental, los cerca de 12 testigos de la Fiscalía no asistieron, entre los cuales está el actual rector José Herman Muñoz. Además hubo dos testigos investigadores de la Fiscalía quienes se presentaron, pero se marcharon antes de iniciar la audiencia, supuestamente porque se retrasó una hora.

Material probatorio

La defensa de Jesús Ramón Rivera y del contratista Carlos Cuéllar en su alegato, presentaron documentos como fallos a favor por parte de la Procuraduría y la Contraloría, donde se determinaría que no hubo detrimento patrimonial; y afirmaron, que la demandante Nahima Gutiérrez, jefe de prensa de la Universidad, delegaba a dos personas para que firmaran documentos cuando ella se ausentaba del cargo, y hasta la llegaron a calificar de mentirosa.

Según el abogado defensor Julio Andrés Lozano, la jefe de prensa durante un proceso similar, le compulsó copias la Contraloría por falso testimonio, ya que Gutiérrez habría asegurado que para ese caso no había puesto su firma, pero el ente investigador determinó que sí, por lo tanto el abogado expresó: “La señora Luz Nahima se caracteriza por ser mendaz, por ser mentirosa, y lo digo con sustento probatorio; con esa situación la acusación va perdiendo peso en el proceso”.

Y complementó: “estamos preocupados por ser este un proceso que ha durado muchos años, y Jesús Ramón Rivera ha sufrido con esta tragedia penal, pero no solo el procesado, sino también su familia, por eso esperamos que en la próxima sesión podamos evacuar la prueba testimonial y documental, para demostrar con contundencia las inocencias”.

Llamado de atención

El juez Sexto penal del circuito, hizo un llamado de atención ante la exagerada demora que ha tenido el proceso, y reprendió a los testigos por no asistir, ya que tendrían el deber de hacerlo, más aún, por ser empleados públicos, y que también deben asistir con disponibilidad de tiempo, por lo tanto dijo:

“El proceso ya se ha salido de cualquier margen de racionalidad sobre su duración, lleva cerca de ocho años un proceso que no ha culminado, sin audiencia de juicio, no hay sentido de fallo, se vulnera el derecho a las víctimas, a los propios acusados a juicio con dilaciones a justificar; en ese sentido, lo que sí va a ordenar este despacho judicial es referirse a los testigos que son funcionarios públicos, por que es su obligación comparecer a esta audiencia...

“Se le requerirá de manera directa a los testigos públicos de la Fiscalía, haciendo precisión de que por obligación deben estar disponibles a la audiencia, que no se puede evacuar en una hora; es irrazonable que se hayan ausentado, era su obligación aguardar hasta que no se les autorizara el retiro; y si deciden no comparecer se debe informar para hacer los correctivos del caso”, concluyó el juez.