La Procuraduría Provincial, mediante el oficio 2538 del pasado 3 de mayo, remitió al Consejo Superior de la Judicatura el expediente con la queja allegada a la Personería municipal para que sea investigada la conducta del abogado Wilson Leal Echeverry, por cuenta de presuntas faltas a la ética profesional, al emprender acciones legales contra el Municipio y celebrar simultáneamente contratos con el mismo.

El documento radicado en la Personería el 13 de abril de 2016 y dirigido por la Oficina Jurídica del Municipio, que recibió queja anónima el pasado 15 de febrero, señala que el organismo de control carece de competencia para iniciar actuación disciplinaria en contra de Leal Echeverry, por lo que se dispuso a remitir la queja a instancia superior del Ministerio Público.

No obstante, la Personería deja claro que Wilson Leal ejerció como contratista del Municipio, como lo acredita la certificación expedida por la Oficina de Contratación el 29 de marzo de 2016, bajo el contrato de prestación de servicios 929 del 17 de septiembre de 2010.

Es de destacar que la queja anónima allegada a la Oficina Jurídica y la Secretaría de Gobierno del Municipio, y remitida a la Personería, establece que para la época estaban vigentes las acciones populares que adelantó el abogado Leal Echeverry por el no suministro de agua potable en los acueductos comunitarios.

“La calidad de demandante lo ubica en clara violación ética, disciplinaria, en el ejercicio profesional dados sus contratos simultáneos vigentes con el municipio de Ibagué y Cortolima (...). Para confirmar lo anterior basta con que la Secretaría Jurídica establezca las notificaciones de las diversas demandas en dichos procesos a fin de establecer la fecha de presentación, trámite actual de verificación del fallo, el número de las demandas, la vigencia de los contratos personalmente o con la empresa, persona jurídica que él representa o es socio y en la que se escuda para sus ilimitados beneficios económicos con recursos públicos, si no acceden a sus intereses, como venía aconteciendo en las últimas tres administraciones”, refiere el documento de la denuncia contra Leal Echeverry.

De los contratos

Como registra la página de la Rama Judicial, Leal Echeverry inició acciones jurídicas contra el Municipio, el Ibal y las juntas administradoras de los acueductos en 2004. Según estableció EL NUEVO DÍA, Leal instauró al menos 22 acciones populares en contra del Municipio, que aún están vigentes.

Durante 2007, Leal llevó a cabo una acción de cumplimiento en contra de Infibagué, a menos de un año de haber suscrito contrato con la administración de Jesús María Botero en la Secretaría de Hacienda.

Como consta en la página de la Rama Judicial, el fallo fue emitido y apelado en 2008, justo a un mes antes de que a través del Consorcio Gestionar y Recuperar en Acción G. y R. suscribiera el contrato 0924, el 19 de noviembre.

Sin embargo, el 23 de octubre Leal presentó la propuesta al alcalde Jesús María Botero, cuyo objeto era lograr el recaudo efectivo de los impuestos de Industria y Comercio y Predial mediante cuota litis.

En la propuesta se estableció que se pactaría una cuota fija mensual de cuatro millones de pesos por honorarios por la asesoría y el acompañamiento que prestaría el consorcio a través del equipo de profesionales en el cobro jurídico de los impuestos.

El contrato tendría una duración de tres años y además el Municipio debería reconocer el seis por ciento de lo recaudado como resultado del inicio o la prosecución de los procesos de cobro coactivo y se pagarían sin perjuicio de la cuota mensual fijada.

Sin embargo, pese a que la propuesta por Leal registraba honorarios mensuales por cuatro millones, el valor total del mismo fue de 240 millones, que al ser dividido entre los tres años habría dado que la cuota mensual equivaldría a seis millones 600 mil pesos, aproximadamente. Así mismo, el porcentaje por reconocer hacia el valor recaudado, aparentemente, pasó del seis al siete por ciento en favor del contratista.

La sociedad

El contrato 0924 no aparece a nombre de Leal Echeverry, sino de la abogada y expersonera Delegada para asuntos disciplinarios Marcela Jaramillo, quien tenía el 20 por ciento de representación en el consorcio.

Jaramillo, abogada y especializada en derecho administrativo de la Universidad Nacional, acreditó la experiencia en cobro coactivo. Por su parte, Leal Echeverry acreditó más de 15 años en procesos adelantados en el Contencioso Administrativo.

Según el documento de la Oficina de Contratación, una vez se consultó la plataforma de base interna Softcon y filtrado por el nombre del contratista, solo se registra el contrato 929 del 17 de septiembre de 2010 a nombre de Leal Echeverry.

Y pese a estar vigente el contrato 0924 de la Secretaría Hacienda, el abogado Wilson Leal firmó el contrato 929, pero acto seguido lo cedió a Adriana Constanza Cañón Lozano, quien sería su compañera sentimental. Este contrato a cuota litis habría significado al Municipio el pago de alrededor de 300 millones de pesos, al no haber delegado la defensa en la Oficina Jurídica de la Administración municipal.

Así mismo y, según comprobantes de pago de la Secretaría de Hacienda municipal, desde el primero de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010 el Municipio giró al consorcio Gestionar y Recuperar (G. y R.) la suma de 940 millones 274 mil pesos, producto de la gestión en el cobro de la cartera.

Es de aclarar que este valor solo corresponde al pago de un año y tres meses, pues el contrato tuvo vigencia por tres años.

Pero además, llama la atención que a través de la sociedad Wilson Leal Echeverry y Cía S. En C., el abogado percibió como honorarios del contrato 924 la suma de 150 millones 795 mil pesos.

Pero como persona natural e incentivos decretados por aciones populares por diferentes juzgados, Leal logró entre el 15 de marzo de 2007 y el 18 de mayo de 2010 facturar 984 millones de pesos.

¿Control en el Concejo?

Leal denunció ante el Tribunal Administrativo la elección del Contralor municipal Ramiro Sánchez, al igual que la designación de la secretaria del Concejo, Doris Caviedes.

Leal argumentó que en el caso de Sánchez el Concejo había cambiado las reglas y eligió dar su respaldo al tercero en la lista, quien obtuvo menor puntuación en las pruebas de conocimiento, máxime cuando la norma dictaba que el Concejo debía apoyar al primero, cuyo puntaje fuera igual o superior a 80.

La única que lo logró fue su exsocia del consorcio R. y G., Marcela Jaramillo, quien presentó su hoja de vida al concurso, después de llegar y permanecer en la Personería desde el 20 de febrero de 2012, es decir, casi dos meses después de haber terminado el contrato con la Secretaría de Hacienda.

Es de resaltar que de Jaramillo se advertía ser cuota del exalcalde Jesús María Botero y de Sánchez ser afín al partido Cambio Radical, que aunque su candidato era Jhon Ésper Toledo, a última hora volteó su apoyo a la candidatura del hoy alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Leal dijo en su momento que él llevaba 30 años en Ibagué y no era novedad que estuviera pendiente de estos procesos.

“Vine a esta sesión a relamerme los bigotes, a esperar la medida cautelar, le auguro una vida profesional en el ejercicio muy breve al contralor elegido”, sentenció el abogado en entrevista el pasado 10 de enero.

Al ser cuestionado sobre si demandaría la elección dijo: “Estoy ofreciendo mis servicios profesionales a la doctora Marcela Jaramillo; si ella me hace el honor para tumbar este estrafalario acto, lo haré con las implicaciones disciplinarias que perseguiré a todas y cada una de las personas que incurrieron en la violación de la Constitución y la ley. Solamente lo haré en la medida en que me libre las manos para hacer el ejercicio disciplinario y penal que corresponda contra las personas que desmeritan un proceso de esta naturaleza”, subrayó.

¿La ficha?

El abogado Wilson Leal demandó el proceso de elección de Doris Caviedes como secretaria General del Concejo, al no adelantarse concurso de méritos, como señala el artículo dos del acto legislativo dos de 2015.

El pasado 8 de junio, el concejal Camilo Delgado dio la primera puntada del posible interés de Leal y su ‘pool’ de abogados al demandar el proceso y que podría estar ligado a quien fue asesor legal del cabildo.

“Es curioso, es la primera vez que se presenta este tipo de demandas judiciales. En el pasado, cuando esta misma secretaria había sido elegida y cuando el abogado del Concejo hacía parte del bufet de abogados que hoy está demandando la elección, nunca se había presentado este tipo de acción judicial”, puntualizó Delgado.

La persona a quien se refería Delgado era al abogado Juan Guillermo González Zota, quien allegó propuesta para prestar sus servicios profesionales este año a la Corporación, sin que fuera renovado su contrato.

Dentro de la experiencia profesional relacionada menciona haber prestado asesoría a la Secretaría de Hacienda y al consorcio G. y R. que, como ya se dijo, era representado por Marcela Jaramillo y Wilson Leal Echeverry.

Este abogado llegó en 2010 a la Corporación de la mano del concejal Pedro Mora, quien coincidencialmente ejerció la presidencia del Concejo en ese periodo y quien en la votación de la elección de Contralor (2016) votó a favor de Marcela Jaramillo. Durante los tres últimos años, González Zota fue contratado como asesor del Concejo.