Aunque se esperaba que el rector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz, presentara ayer su carta de renuncia con permanencia hasta el 31 de julio, la administración informó que en lo acordado para el acta de acuerdos que produjo la culminación de la huelga de hambre, el rector se tomaría unos días en presentarla, pero que sería durante el tiempo ya concertado.

Por otra parte, las respuestas emitidas por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, a los 17 puntos del pliego de peticiones expedidos en asamblea triestamentaria, y que motivaron la huelga de hambre, fueron analizadas y hasta cuestionadas por algunos estamentos, fue así que la representación profesoral ante el Consejo Superior expidió un informe de su participación en dicha sesión extraordinaria.

Según informó, no solo hay miembros del Consejo Superior que tienen desconocimiento de lo que acontece al interior del campus universitario, sino que en algunos casos las decisiones son inoperantes o improductivas, por lo tanto recomendaron que las sesiones sean trasmitidas ante la comunidad universitaria.

“La UT debe revisar a fondo su modelo de desarrollo institucional, especialmente sus políticas de crecimiento, de calidad y los indicadores de esfuerzo e impacto de los recursos invertidos en investigación y comisiones. Y para ello, se debe pensar con responsabilidad su agenda de desarrollo, aumentar la participación democrática, distribuir mejor los recursos entre las unidades académicas y los grupos de investigación, y definir mejor los objetivos misionales en conexión con los problemas de la región”.

Los puntos

A pesar que la mayoría de las respuestas emitidas por el CS fueron votadas positivo o aprobadas por la representación profesoral, se dejaron algunas salvedades para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, pero hubo dos en especial que no fueron aprobados como fueron los puntos tres y 15 del pliego unificado.

El tercero exigía un pronunciamiento serio y objetivo de la viabilidad académica y financiera para adelantar el semestre B-2016, a lo que la repuesta fue acoger el comunicado del Consejo Académico del 5 de julio de 2016, donde se informaba que contaba con la viabilidad académica tal como el semestre A, y en cuanto a lo financiero, se explicó que gran parte provenía del recaudo de inscripciones y matrículas, y que no era posible cuantificar el monto definitivo, pero que se trabajaba en las metas proyectas.

Por lo tanto la respuesta de la representación profesoral fue: “Se votó negativo, pues se considera que no hay garantías para el desarrollo del semestre B-2016, si antes no se aplica un plan de austeridad y los planes de contingencia para la reducción de gastos fijos contenidos en la Reforma Profunda”.

En cuanto al punto 15, se exigía a los miembros del CS, rechazar cualquier iniciativa que indujera a la Ley 550 (o Ley de Quiebra), y no aprobar ningún tipo de crédito bancario, la respuesta del órgano colegiado fue: “No se puede renunciar a sus funciones y por esta razón se reserva el derecho a estudiar de manera seria, documentada, técnica y en el momento oportuno, las diversas alternativas de solución a la crisis, con base en los avances de los procesos financieros y académicos de la Institución”.

Por lo tanto la delegación docente expresó: “Se votó negativo, pues por principios de la representación profesoral no es posible aceptar la injerencia de la Ley 550”.

Los manifestantes

Los huelguistas permanecen en recuperación, luego de que fuera levantada la manifestación el viernes a las 2 p.m. Los estudiantes, docentes y administrativos que permanecieron nueve días en huelga de hambre, fueron trasladados a diferentes clínicas y tras varios chequeos médicos, les ordenaron tomar reposo.

A pesar de esto, algunos consideraron que se debería contemplar una nueva reunión del Consejo Superior con una comisión negociadora de la asamblea triestamentaria y la participación de los delegados de los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, para definir el plan de trabajo y estrategias para salir de la crisis.

De otra parte, el incumplimiento en la comisión de estudios de algunos docentes, el cual ya había sido denunciado por el rector José Herman Muñoz, generó ‘revuelo’ en las redes sociales al conocerse los montos y los profesores que estarían en esa situación, ya que aparecen docentes que gastaron hasta $500 millones en estudios de doctorado hace varios años, y que a la fecha no han obtenido el título.