Primero, por el significado político de tener definido un mecanismo de refrendación aceptado por las dos partes en la negociación (según lo dejaron consignado en uno de los comunicados emitidos en La Habana), tramitado por el Congreso en sus dos cámaras y aceptado en su legalidad por la máxima corte de la organización jurisdiccional colombiana.

Segundo, porque esta decisión pone fin a una de las polémicas más intensas y sostenidas a lo largo de los casi tres años de negociación, pues las Farc insistieron en casi todo ese tiempo en que no estaban de acuerdo con que esa fuera la figura para que los colombianas se pronunciaran sobre lo aprobado.

Una vez se ha confirmado en la Corte Constitucional la legalidad del plebiscito para la paz, Gobierno y Farc quedan abocados a terminar en el menor tiempo posible de discutir sus temas pendientes de la agenda y de organizar sus asuntos logísticos internos, para firmar el acuerdo definitivo y poner en marcha así el tramo final del proceso: la concentración de guerrilleros, la dejación de las armas, la implementación de los acuerdos en proyectos de ley y la consulta a los colombianos en las urnas.

Así las cosas, la próxima noticia clave será la fecha para esa firma del acuerdo final y el anuncio de si ese acto protocolario será en Colombia, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos el pasado 23 de junio, o en Cuba, como han manifestado las Farc que es su deseo.

En forma paralela, la mesa de negociación tiene que resolver los puntos que dejó pendientes: las llamadas salvedades, los aspectos específicos de cada capítulo de la agenda, sobre los que lo último que han dicho es que tendrían “casi todo resuelto”.

De esas salvedades, las más importantes parecen ser las que se refieren al funcionamiento de las zonas de reserva campesina y al número de las circunscripciones de paz, a través de las cuales habrá una nueva manera de acceder al Congreso de la República.

También resulta trascendental que las partes informen cómo se hará la elección de los magistrados del Tribunal de Paz, quienes pondrán en práctica el acuerdo de justicia transicional.

Luego de que se resuelvan esas salvedades y se firme el acuerdo definitivo, empezará una verdadera carrera contra el reloj para cumplir en muy poco tiempo con el trabajo en el Congreso y con la realización del plebiscito.

Lo que se presume al respecto es que durante el mes de agosto (ojalá en su primera quincena) se dé la tan esperada firma entre Santos y Rodrigo Londoño (el comandante de la Farc). Si ello pasa, -de acuerdo con los tiempos fijados por la Corte Constitucional- entre ese momento y finales de septiembre habría tiempo para: hacer la convocatoria del presidente, realizar el estudio de aprobación en el Congreso (que además podrá empezar a tramitar proyectos nacidos del acuerdo), hacer la publicidad suficiente de los textos en todo el país y desarrollar las campañas por el Sí a los acuerdos, por el No o por la Abstención.

Si esa carrera se cumple se habrá logrado una acción deseada: que el plebiscito se vote antes de que llegue el momento de hacer la entrega de la mayoría de las armas por parte de las Farc (para lo que tienen 180 días luego de la firma).

Pero esa carrera depende de un asunto del que aún se sabe casi nada: que la Registraduría Nacional tenga los recursos y la cantidad de personal necesarios para organizar la votación en ese tiempo récord. A esa entidad le ha llegado el balón esta noche, pronto deberá anunciar cómo lo manejará.