El Ministerio del Trabajo ordenó iniciar un proceso administrativo sancionatorio, y formular cinco cargos contra la Universidad del Tolima, porque al parecer omitió el cumplimiento de algunos deberes hacia los empleados, y que fueron denunciados por el sindicato Sintraunicol.

Entre los cargos formulados está el presunto incumplimiento de la universidad, en el pago de la prima navideña a los empleados durante la vigencia 2015, situación que habría sido corroborada el 8 de junio con el director Financiero de la UT; situación que también hace parte de las 17 exigencias del pliego de peticiones entregadas al Consejo Superior, por los estamentos de la universidad.

Cargos

Otras falencias encontradas es la supuesta omisión en el pago de viáticos y transporte, por cuanto la universidad no ha afectado las partidas presupuestales para este concepto, tal como lo manifestó el Vicerrector Administrativo del plantel, el 10 de junio de 2016; lo mismo habría sucedido al no entregarse dotaciones, que fue confirmado por el mismo funcionario el 13 de junio.

También no se habría entregado el pago a apoyos para estudios fuera de la institución, como se había pactado, ya que el área de división contable y financiera ha devuelto las solicitudes por no tener fuente de financiamiento, lo que fue informado por el director de Bienestar, el 9 de junio.

Y adicional, se formularon cargos por omitir el funcionamiento del Comité de Seguridad Industrial y Seguridad Social; todo esto sería incumplimiento a lo acordado con el Sindicato, durante la convención colectiva del 24 de marzo de 2015; cabe destacar que contra la resolución del Ministerio no proceden recursos.

Auditoría de la Contraloría

La Contraloría departamental mediante una auditoría hecha a la Universidad del Tolima pudo determinar 68 hallazgos disciplinarios, 79 de tipo administrativo, 22 fiscales, 14 penales y un proceso sancionatorio.

Entre los hechos que generan más impacto está la cancelación de apoyos económicos y viáticos sin soporte jurídico a los representantes estudiantiles de los diferentes estamentos universitarios, correspondiente a $150 millones entre 2012 y 2015.

Además, apoyos económicos sin estar debidamente autorizados y reglamentados, por un valor de $6 mil 379 millones entre 2013 y 2015, esto para estudiantes, docentes, administrativos y hasta para personal ajeno a la universidad que visitaba la alma máter de otras zonas del país, dineros para atender situaciones académicas, deportivas y/o culturales.

Pero también se cuestionó la determinación y aprobación de las horas extras establecidas como actividad de docencia que estaría por debajo del mínimo constituido, lo que generaría la contratación de docentes catedráticos para asumir horas que deberían corresponderle a los docentes de planta dentro de la jornada laboral; y otros casos más.

Estamentos dan ultimátum

El Sindicato de Maestros de la Universidad del Tolima, Aspu, al igual que el sindicato de empleados, Sintraunicol, afirmaron que dependiendo de la decisión que se tome el viernes 5 de agosto durante reunión del Consejo Superior, se decidirá si se continúa cumpliendo el acta de acuerdos del 15 de julio con la cual se levantó la huelga de hambre, o si tomarán medidas de hecho.

Los estamentos aseguraron que el rector incumplió con el acuerdo de permanecer en el cargo hasta el 31 de julio, lo que había sido anunciado por la ministra del Trabajo, Clara López; y que el mismo José Herman Muñoz, expresó ante medios de comunicación.

En el comunicado de los sindicatos, se alerta de una posible alianza entre el Ministerio de Educación y el rector, para intervenir la universidad por medio de la Ley de quiebras (Ley 550), o mediante la Ley 1740, de inspección y vigilancia de la educación superior, ya que supuestamente representaría la pérdida de autonomía universitaria y supuestamente los responsables no serían sancionados.

Y en el documento adicionaron: “Por lo tanto, la UT seguirá abierta, por ahora no retornaremos a la huelga de hambre y seguimos en disposición negociadora con el Consejo Superior Universitario de los 17 puntos del pliego de peticiones”.

“Y estar atentos a las decisiones que tomará el Consejo Superior el próximo viernes 5 de agosto, pues tales determinaciones nos llevarán a definir si seguimos cumpliendo lo establecido en el Acta de Acuerdos del 15 de julio o asumimos medidas radicales”.