Según Granados, fue Hernán Jaramillo, el hijo del difunto Gabriel Jaramillo Roncancio, (con quien se habría convenido la escritura y primo del burgomaestre), quien le otorgó el poder para instaurar la denuncia por los delitos de fraude procesal y uso de documento público falso.

Esto se debe a que ante la Notaría Primera habría quedado en firme con fecha del 11 de julio de 2012, la cesión de un predio para el tránsito de servidumbres hacia una finca del Alcalde de Ibagué, en Armero Guayabal; documento en el que aparece la autorización con firma de Jaramillo Roncancio, casi un mes después de haber fallecido. Y que el 6 de septiembre de 2012 fue presentada la escritura ante la oficina de instrumentos públicos de Armero para que fuera registrada.

Gonzalo Parra, abogado del Alcalde, ya le había asegurado a EL NUEVO DÍA, ser la persona que asesoró y llevó el proceso; y afirmó que se habría tratado de un error por parte de la notaría para fechar el documento ya que los intervinientes habrían firmado en distintos momentos; y que la firma del difunto habría sido la primera en abril de 2012, pero que debido a que Guillermo Alfonso Jaramillo era secretario en la Alcaldía de Bogotá, tuvo que hacerlo después, al igual que su esposa.

Parra también aseguró que desconocía la irregularidad en el documento hasta que se hizo público en medios de comunicación. Ahora la justicia no solo tendrá que verificar la validez de la firma y la huella, sino de la supuesta responsabilidad de la Notaría, del burgomaestre de Ibagué y su esposa.