El defensor del Pueblo nacional, Alfonso Cajiao, y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Mariela Barragán, desarrollaron un seminario en Ibagué sobre las empresas y los derechos humanos en el marco del proceso de paz, con el propósito de motivar a la formalización del empleo y generar garantías laborales en la región.

El desempleo en Ibagué, la informalidad y la falta de garantías laborales en la zona rural, son sólo algunas de las problemáticas en el Tolima y, según el Gobierno nacional, con el proceso de paz y el posconflicto tendrían cambios para el desarrollo de la región.

Por su parte Cajiao expresó: “El objetivo es vigilar las prácticas corporativas que terminan afectando los derechos de los trabajadores, y algunas con afectaciones en el medio ambiente, por eso estamos en vigilancia para que se respeten los derechos humanos. Para la Defensoría no es solo un tema público o privado, sino en departamentos como este que tienen futuros y desarrollos mineros se presentan tensiones, en algunas ocasiones en violación de los derechos.

“El Tolima para nosotros es muy importante, precisamente por ese potencial minero que tiene, y además ha sido azotado por elementos de violencia, por eso nos parece importante realizar este tipo de trabajo antes del posconflicto, para tener una claridad de la región sobre el trabajo que debemos cumplir en un futuro; y por lo menos ya empezamos a sentar bases en las preocupaciones”.

La Viceministra dijo: “Estamos trabajando en varias estrategias como políticas de trabajo decente y la defensa de los derechos laborales, para generar garantías, como también en la asociación, negociación y empleabilidad, los cuales estamos adelantando con seriedad para que las comunidades tengan esperanzas de transformar sus vidas. En el caso del Tolima se tiene un análisis de los sectores económicos, algunos priorizados por su vocación productiva, pero estamos trabajando con todos”.

Zonas de conflicto

Ante el anuncio del protocolo del cese al fuego bilateral y la dejación de armas que desde La Habana fue anunciado por el Gobierno nacional y las Farc, y que fueron corroborados por la ONU; Alfonso Cajiao precisó:

“La Defensoría tiene presencia importante en varios de los acuerdos de La Habana como el punto 5 de víctimas, y se nos informó de este protocolo adicional 83, que resume los puntos planteados el 23 de junio en los temas de zonas veredales transitorias de normalización, donde la Defensoría va a tener una articulación con las autoridades como veedora y garante de los derechos humanos, siendo un paso más hacia la paz y la firma del acuerdo final”.

Y complementó: “Son 23 zonas y ocho campamentos en departamentos que la Defensoría del Pueblo tiene presencia, y allí estaremos siempre en la labor de garantes, por eso se tiene el sistema de alertas tempranas, con la función de realizar vigilancia en lo que tiene que ver con un posible avance de grupos que no estén de acuerdo con la paz y realicen acciones violentas cerca de estas zonas”.

Frente a esto, la vocera del Gobierno nacional dijo: “Va a haber una inspección de vigilancia y control para esas zonas especiales, es así que en el área rural y el empleo rural estamos trabajando, no solo en consecución de recursos, sino en las políticas públicas que van a soportar estas estrategias. Esto va acompañado de sensibilización, de inspección rural, concientización en la formalización laboral, y el diálogo social que nos parece muy importante para garantizar los derechos de los trabajadores”.

Inmigrantes

Ante la situación de los migrantes en especial provenientes de Cuba que registran condiciones de hacinamiento, y que tienen previsto llegar a los Estados Unidos, el Defensor del Pueblo se pronunció desde Ibagué ante las intenciones del Gobierno de deportarlos.

“Colombia no se puede convertir en un país de tránsito irregular hacia otros países y estamos en el acompañamiento para que la deportación se realice legalmente y pueda haber una salida voluntaria, aunque el Estado soberanamente puede decidir en sacarlos. Hay que revisar las condiciones en que están, porque no son refugiados si no que han llegado voluntariamente, y se puede tomar decisiones sobre el tráfico de inmigrantes”.