Con un proyecto aprobado y uno en trámite, finalizaron las sesiones extraordinarias de la Asamblea, facultando al gobernador Óscar Barreto para vender 41 predios que considera improductivos.

El proyecto para ceder cuatro lotes a la empresa Egetsa, presentó una irregularidad que fue descubierta durante su votación, ya que la matrícula inmobiliaria no correspondía, perteneciendo a un particular en Murillo, no a la finca La Alsacia de Líbano, que tiene un avalúo de mil 208 millones de pesos.

La irregularidad fue expuesta por el diputado Milton Restrepo al dar su voto negativo. Nueve asambleístas de los 15 votaron positivo y cinco faltaban por votar; fue así que se presentó una proposición para devolverlo a segundo debate y enmendar el error, pero el tiempo de sesiones extras no fue suficiente y se espera una nueva convocatoria del Gobernador.

Enredo autorizado

Los predios aprobados para vender están ocupados por invasores, a excepción de un parqueadero ubicado en el edificio de la beneficencia, es decir que los ocupantes deberán ser quienes compren los terrenos, de no ser así y haber otros interesados, primero deberán comprar las mejoras al actual poseedor y luego el predio a la Gobernación.

Dado el caso de que el poseedor se oponga a vender las mejoras y a comprar el terreno, la Gobernación podría iniciar una acción jurídica para el desalojo.

Cabe destacar que según el Código Civil, es permitido a los poseedores irregulares adquirir por prescripción los bienes que han poseído por un mínimo de 10 años.

Además, el artículo 58 de la Ley 9 de 1989 establece que: “Las entidades públicas del orden nacional cederán a título gratuito los inmuebles de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al 28 de julio de 1988. La cesión gratuita, mediante escritura pública, se efectuará a favor de los ocupantes”.

Según Minvivienda, se considerada vivienda de interés social cuando cuenta con los requerimientos mínimos de habitabilidad y tiene un valor máximo de 135 smmlv, es decir cerca de $93 millones.

La Asamblea en la ordenanza estableció que: “No se podrán vender los inmuebles que se encuentren en zona de riesgo; que tengan o presenten afectaciones jurídicas naturales o de servicios públicos; que se encuentre al servicio de instituciones públicas; que se encuentren destinados para instituciones educativas públicas; que no cuenten con los avalúos de ley y/o actualizados”.

Aún así, en Prado la mayoría de bienes están en zona de ladera cerca a la represa; en Herveo se venderían las mejoras de una casa de madera que funcionaba como licorera; en Lérida algunos predios que obtuvo ‘Resurgir’ para ayudar a víctimas de Armero y que fueron entregados a la Gobernación, en Ibagué uno es un parqueadero, y el otro un lote en la calle 32 con carrera Segunda en ‘Avenida Fantasma’.