Lo que pretenden es la creación de un Tribunal Nacional de Paz que se encargue de todos los procesos que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas por actos cometidos en el marco del conflicto armado. Por ello revisarían sentencias, procesos y hasta los casos de los falsos positivos.

Por lo anterior, la mecánica del mismo sería totalmente diferente a la establecida en los diálogos con las Farc, principalmente por dos cosas.

La primera, porque en este solo quienes hayan perdido el juicio contarán la verdad, pedirán perdón a las víctimas y garantizarán las medidas de no repetición, mientras que en la Jurisdicción Especial para la Paz de Gobierno y Farc, la verdad se cuenta antes de que se dé el juicio y una vez iniciado el proceso se empiezan a cotejar las versiones.

La segunda, consiste en que el Tribunal propuesto por el uribismo las penas que expida no superarán los cinco años y no tendrían beneficios en las condenas. En lo propuesto en La Habana, se darían sanciones restrictivas de la libertad de 5 a 8 años para quienes reconozcan la verdad desde el principio; a quienes se demoren en hacerlo también se les impondría una pena privativa de la libertad de 5 a 8 años pero en el sistema ordinario; y para quienes no reconozcan sus crímenes se pondrán penas de hasta 20 años.