Un grupo de profesores de la UT radicó el 29 de julio un derecho de petición ante el Consejo Superior de la universidad, en el que solicitó que se declararan impedidos, por considerar que se trató de una renuncia motivada, y no espontánea y voluntaria, por la presión que se habría generado, lo que podría generar una demanda del exrector Muñoz contra la universidad, y así afectar el patrimonio.

Por lo tanto pedían que, como mínimo, cinco de los miembros se declararan impedidos por ser servidores públicos que tendrían un conflicto de intereses particulares, como sería: Alexánder Martínez, representante de los profesores, a quien Muñoz le interpuso dos demandas, y quien luego contrademandó.

Fernando Misas, representante de los exrectores, quien ha interpuesto varias acciones judiciales contra el exrector, una de tipo penal. También, el representante de las directivas académicas, Carlos Montealegre, por conocer del caso habiendo firmando con anticipación un documento en que se pedía la renuncia del Rector.

Daniel Martínez, representante de los estudiantes, porque habría instaurado una denuncia penal contra Muñoz, como también habría ocurrido con Gildardo Monroy, representante de los gremios económicos. Además, fue cuestionada la responsabilidad del Consejo Superior en la crisis de la UT, por encargarse de la vigilancia en la contratación, al igual que por aprobar los estados financieros.

Bajo estos argumentos se solicitó el viernes ante la Procuraduría que se indague la decisión del Consejo Superior y si había incumplimiento a la Ley. Los docentes denunciantes afirmaron que se radicará una nueva carta, ya que la solicitud a la declaratoria de impedimento no habría surtido el procedimiento respectivo y que es reglamentado.