La demanda hace referencia a una supuesta causal de inhabilidades en el Concejal, establecida en el artículo 40 de la Ley 617 del 2000, que reza:

“Quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”.

El cabildante suscribió cuatro meses antes de su elección, un contrato con la Universidad Esap, por $10 millones 800 mil, para asesorar a entidades de orden territorial o municipal, en estudios técnicos de modernización administrativa. A pesar de esto la defensa argumentó que aunque el contrato se firmó en Ibagué, la ejecución fue en Villahermosa, San Antonio, y se hizo acompañamiento en Planadas.

Angélica María Leal, designada por el abogado Wilson Leal, para llevar el caso contra el Concejal dijo: “La defensa pretende indicar que no fue en Ibagué la ejecución del contrato, pero esto es desvirtuado con material probatorio, como los reconocimientos de gastos de desplazamiento a dichos municipios, es decir que si el lugar de trabajo fueron los municipios que sentido tiene suministrar gastos de desplazamiento; y las órdenes fueron impartidas desde Ibagué”.

Ante esto, el concejal Gracia expresó: “La Esap le brinda a los asesores un apoyo económico para desplazamiento, ya que el tema de modernización y ampliación de estructuras y de cargas, la información se desarrolla directamente en las Alcaldías, información financiera que no se puede sacar de las entidades administrativas, y menos se puede hacer a distancia. Hay claridad que la ejecución no fue en Ibagué”.

Debido a esto, el Tribunal solicitó como material probatorio a la Esap, la ubicación geográfica de ejecución del contrato, a pesar de que ya la directora que estuvo encargada de la Esap, Johanna Guzmán, había informado en marzo que las entidades asesoradas fueron las alcaldías de Villahermosa, San Antonio, y se hizo acompañamiento en la recolección de cargas laborales en Planadas. Se espera que el Tribunal emita su fallo en menos de un mes.