Bajo principio de oportunidad podría quedar el empresario Adolfo Castillo, representante legal de la empresa Casa Motor, ya que al igual que su contador Deibin Rojas, podrían convertirse en testigos claves para señalar a David Francisco Neira Barreto, supuesto intermediario que participó en el escándalo de corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Cabe recordar que Adolfo Castillo fue aprehendido el pasado 16 de agosto, en el aeropuerto El Dorado, cuando llegaba de Miami, Estados Unidos, ya que supuestamente sin ser inscrito como depositario de la DNE, le fueron entregados para usufructuar de manera irregular, algunos bienes de la reconocida familia tolimense, Alvarado, quienes son socios de Móvil Gas Limitada y de las estaciones de servicio Alvarado Rico.

El acuerdo

La Fiscalía solicitó el principio de oportunidad para los dos detenidos el 17 de agosto, pero la jueza 32 de control de garantías lo negó, por lo tanto fue apelado y se espera que el 12 de septiembre se defina. El Espectador publicó detalles de la audiencia de Castillo y Rojas, quienes sin aceptar ningún cargos en la comisión de delitos, han decidido entregar información.

Los detenidos no serían investigados por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público como se tenía previsto, ya que la Fiscalía considera que sería de suma importancia su colaboración, porque se podría llegar a señalar a David Francisco Neira, y tener mayores indicios de cómo eran las relaciones entre la DNE, congresistas y algunos particulares; al parecer, habría una triangulación para dar beneficios políticos por medio de la administración de bienes incautados a la mafia.

De llegarse a aprobar el principio de oportunidad, Castillo y Rojas contarían detalles de la operación y los acercamientos con la DNE, y una vez culminen su labor, quedarían sin antecedentes penales y ningún tipo de investigación en su contra por este caso. Por su parte, la familia Alvarado se estaría oponiendo a este principio.

La Fiscalía habría comprobado que no hubo malos manejos en la administración de las estaciones de servicio, mientras estuvieron a cargo de Castillo, pero que al parecer sí hubo un comisionista particular que contribuyó en colocar en encargo al privado, el tema de lo sucedido con el dinero recaudado es algo que la Fiscalía deberá definir.

Argumentos

También se publicaron algunos argumentos que presentó la Fiscalía en su solicitud: “Sin la colaboración de Adolfo Castillo no se habría podido establecer la forma en que los particulares al servicio de exfuncionarios de la DNE concretaban las negociaciones ilícitas para acceder a bienes administrados por el Estado.

“Sin la información de Deibin Robinson Rojas es imposible formar un caso en contra de las personas que negociaban de forma ilícita los bienes a cargo del Estado. El hecho de entregar los movimientos bancarios que se dieron para entregar las coimas, da argumentos suficientemente fuertes para lograr condenas a las personas que se asociaron con exfuncionarios de la DNE”.

Y precisó que: “A Adolfo Castillo le constan las reuniones adelantadas y la proposición del negocio ilícito, solo le competen y le constan a él, quien conservó los soportes de consignaciones, transferencias y correos electrónicos que dan prueba de la materialización de los delitos es el señor Deibin Robinson Rojas”.

Es de resaltar que el escándalo se hizo público en diciembre de 2010, cuando la Dijin y la Fiscalía, presentaron un informe de un exfuncionario que involucró a políticos, particulares y directivos de la DNE, en las supuestas irregularidades; mencionando a varios congresistas entre estos a Luis Humberto Gómez Gallo, (q.e.p.d.), y a Hernán Andrade. Pero, pese a que son varios los parlamentarios señalados, no han sido investigados formalmente por este caso; pero sí los exdirectores del DNE están recluidos.

Debido a esto, la Fiscalía solicitó al juez que apruebe el principio de oportunidad en segunda instancia, ya que de no ser así se podría quedar sin la participación de los dos posibles testigos que contribuirían en esclarecer las supuestas irregularidades.