La diputada por el partido Liberal, Graciela Vergara Monroy, negó los supuestos vínculos con la empresa de su hermano Jesús Alirio Vergara Monroy, quien es investigado ante una presunta estafa a Colpensiones. La asambleísta afirmó que cada quien responde por su actuar, y que no tiene ningún tipo de investigaciones en su contra.

Cabe recordar que el 1 de septiembre, Colpensiones emitió un comunicado en el que se afirmó que dos abogados fueron enviados a la cárcel La Picota por el juez 22 de garantías de Bogotá, luego de ser sorprendidos intentando cobrar bonos de esa entidad por un valor cercano a los mil millones de pesos, haciendo uso de documentos falsos de 27 supuestos empleados de la Gobernación del Tolima; los abogados serían Angey Tatiana Alcalá Sánchez y Jesús Alirio Vergara Monroy.

La diputada aseguró que no se había pronunciado, porque se encontraba fuera del país, “pero al llegar me di cuenta que mi nombre estaba siendo enlodado, el actuar de cada persona es individual, el de cada familiar es independiente al de otro, y no se puede calificar de esa manera”, afirmó.

Y dijo no ser cierto que su hermano está privado de la libertad, tal como lo había afirmado Colpensiones:

“No tengo ningún familiar detenido ni en La Picota, y cualquier investigación que se está dando por presunción de algunos documentos que no tienen veracidad, de lo que he entendido, en este momento están en investigación y la Ley dirá, pero hay que dar la presunción de inocencia y la Ley es la que va a fallar”.

Es de destacar que el comunicado indicó que según el juez, “a pesar de que los documentos que los abogados tenían en su poder certificaban que actuaban a nombre de supuestos empleados de la Gobernación de Tolima, en la investigación se determinó que las personas cuyos nombres aparecían en los documentos no tenían que ver con la Gobernación. Tanto así, que entre ellos había una tendera y un soldado activo del Ejército”.

Las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades judiciales e impulsadas por Colpensiones en su condición de víctima como actual administradora del régimen de prima media.

La diputada dio las declaraciones porque se rumoró de una supuesta petición de investigación para establecer si Graciela Vergara, había tenido alguna relación con los documentos de la Gobernación, situación que negó y por el contrario afirmó que eran presuntos que enlodaban su buen nombre.

La firma ‘Vergara y Sopo Abogados sin Fronteras Ltda’, se creó en mayo de 2005, con un capital suscrito de 10 millones de pesos; de los cuales Jesús Alirio Vergara Monroy aportó el 50 por ciento y Derly Merlitza Sopo Monroy el 50 por ciento restante, la accionista en redes sociales indica haber estado vinculada como contratista en la Gobernación del Tolima.

En febrero de 2012, la firma cambió su nombre y pasó a llamarse Vergara y Vergara Abogados sin Fronteras S.A.S’, cambiando así de persona jurídica, y se decidió mantener como gerente a Angey Tatiana Alcalá Sánchez; en enero de 2015 la firma aumentó su capital autorizado a 70 mil millones de pesos.