Esta es la conclusión a la que llegó el Consejo de Estado al condenar a la Nación por los dolorosos hechos, finalmente, luego de 17 años de dudas, pistas e investigaciones, sin justicia. Este fallo, que es de carácter administrativo, no penal, es el primer asomo de justicia y un paso para esclarecer qué pasó.

Y es que para el Consejo de Estado no hay duda alguna. A Jaime lo mataron porque el Ejército y el DAS, en esa lógica antisubversiva que imperó en Colombia desde 1970, creyeron que el reconocido periodista y humorista era un colaborador de la guerrilla, un guerrillero y no una persona que hacía gestiones humanitarias para lograr que las Farc liberaran secuestrados.

Esa tesis, tan mencionada en 17 años, es ahora una certeza y la razón para declarar el crimen como de lesa humanidad, cosa que la Fiscalía se ha negado a hacer. ¿La razón? El homicidio se planeó, se motivó, se incitó por las autoridades dentro de esa lógica antiguerrillera, dentro de una persecución a personas supuestamente aliadas de la insurgencia.

Fue una ejecución extrajudicial ocurrida en ese contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, un hecho “aberrante” que “tuvo como propósito producir escarmiento e infundir temor a las personas que realizaban labores de intermediación humanitaria para el rescate de personas”.

“Es inadmisible la existencia de este tipo de relaciones entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la Ley, que nacieron con un fin vengativo para con la guerrilla, y extendieron esa pasión y odio a todos los que consideraban sospechosos de participar en actividades subversivas, sospechas, que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario -desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, etc.- en las que en muchas ocasiones resultaron víctimas personas ajenas al conflicto”, sentenció la Sala.

“Me van a pelar”

Que a Jaime lo iban a matar lo sabían sus compañeros. Él mismo se encargó de difundir sus temores por las amenazas que había recibido del jefe paramilitar Carlos Castaño.

Carlos Alberto González era periodista nocturno en Radionet. Recuerda con detalle que días antes del homicidio, Garzón llegó temprano, como siempre, a contar que lo iban a matar. “Yo titulaba y el miércoles 11 llegó y dijo: ‘oiga, me va a pelar Carlos Castaño’. Como era tan jodón le dije que iba a titular esa vaina y él me dijo que no, que era en serio”.

Jaime contó que un comandante conocido como ‘Águila’ lo amenazó, asegurando que supuestamente el humorista estaba sacando dinero de las gestiones humanitarias que hacía en el Departamento. No obstante, logró una cita para tratar de zanjar la amenaza de muerte que se cumpliría el viernes. Pero, ese viernes 13, Jaime nunca entró a la emisora.

“Faltaba como un cuarto para las 6:00 del mañana y no llegó. Llegó Néstor Morales, estaban sentados leyendo el periódico y entró Yamid Amat llorando, no podía hablar. Detrás entró el conductor y él dijo que, llegando, estaba ‘Don Garzón’ muerto”, relató González. Acto seguido, salió con el periodista Carlos Barragán hacia la escena del crimen, donde el cuerpo estaba en la camioneta.

“Me acuerdo de que tenía un saco blanco lleno de sangre y yo lo miraba esperando que respirara. Teníamos un Avantel. Sonó el himno y salimos al aire. Yo me despaché más con la rabia que con la cabeza y conté todo lo que Jaime me había dicho. Después me dijeron que no afirmara, que no sabíamos qué ocurrió, que tuviera cuidado”, contó.

Con la condena a Carlos Castaño y el fallo del Consejo de Estado, 17 años después, se confirmó lo que el propio Jaime había alcanzado a decir y que sus colegas de Radionet y amigos personales se encargaron de comunicar después.

No fue un hecho aislado

Ahora, 17 años después, es claro para el Consejo de Estado que fue el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien pidió a Castaño que matara a Garzón. Hoy, también se sabe que fue el entonces Jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional, coronel Jorge Plazas Acevedo, quien ordenó seguimientos ilegales contra el humorista, para luego entregar la información a las Autodefensas.

Fue un apoyo mutuo que, si bien no se ha resuelto penalmente, pues Narváez y el oficial Plazas siguen en juicio, sí fue suficiente para el Consejo de Estado, que retomó los testimonios y pruebas de esos procesos penales para declarar la responsabilidad de la Nación por actuar de la mano con criminales para perseguir a supuestos guerrilleros.

La alianza, dice el fallo, no se quedó ahí, pues no bastó la muerte, sino que era necesario su encubrimiento en hechos que públicamente ya fueron rebatidos. En este caso, se dijo que los sicarios eran Juan Pablo Ortiz y Edilberto Antonio Sierra y luego la justicia determinó que fue un “burdo montaje para desviar la investigación y perpetuar la impunidad de los verdaderos autores materiales”.

La sentencia que condenó a Carlos Castaño a 38 años de prisión por ordenar el crimen, absolvió a estas dos personas y señaló que se les incriminó falsamente con el informe 3409 del DAS de Medellín del 24 de septiembre de 1999. Por esta intención clara de desviar el crimen, el juzgado ordenó investigar a integrantes del DAS sin que a la fecha haya un resultado.

La periodista Claudia Julieta Duque llegó a la misma conclusión, que la investigación del crimen era desviada, y por esto Narváez, desde el DAS, ordenó el seguimiento, las amenazas y el hostigamiento de la mujer, en hechos por los que fue condenado, entre otros casos, a siete años de prisión.

Para el Consejo de Estado, además, ni el Ejército ni el DAS adelantaron investigación alguna para esclarecer la participación de sus agentes en el crimen. La conclusión se remite a que la permisividad a los delitos es una “aberrante” falla en el servicio, una vulneración a los derechos humanos y no solo en este caso.

“La muerte del periodista Jaime Garzón Forero no se trató de un hecho aislado, sino que hizo parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses e, incluso años, por tales personas, sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo por parte de la institución demandada”, concluyó la Corporación.

Familia quiere la verdad 

Marisol Garzón, hermana de Jaime, destacó que finalmente el caso se haya declarado de lesa humanidad pues, hasta el momento, solo había sido aceptado por la Fiscalía que era un crimen de Estado. “Él no era guerrillero, sino un gestor de paz. Tendremos que seguir buscando la verdad sobre el homicidio de mi hermano, a eso fui a La Habana, a que responsables reconozcan la verdad. No se trata de poner a pagar a uno por uno, sino de que se sepa la verdad y que hablemos, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos, paz”, dijo.

Los procesados 

1. El exsubdirector de Inteligencia del DAS, José Miguel Narváez, sigue procesado por supuestamente pedir a Castaño que asesinara a Garzón dados sus supuestos vínculos con la guerrilla, como lo han declarado personajes como Juan Rodrigo García Fernández, Iván Roberto Duque Gaviria, ‘Ernesto Báez’; Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

2. El coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, entonces jefe de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, fue acusado por la Fiscalía por supuestamente ordenar seguimientos ilegales en contra de Garzón, informaciones éstas que fueron posteriormente suministradas a las Autodefensas, como parte de un plan para quitarle la vida, como en efecto ocurrió.

LA GESTIÓN HUMANITARIA DE JAIME

Jaime Garzón Forero participó en actividades humanitarias relacionadas como asesoramiento a entidades estatales en negociación del conflicto armado interno con grupos subversivos. El fallo destacó en ese sentido el contrato de servicios profesionales No. 43, suscrito el 5 de octubre de 1998 con la Gobernación de Cundinamarca.

Participó en diferentes labores de intermediación humanitaria para lograr la liberación de personas secuestradas por grupos subversivos, que se hicieron bajo la coordinación del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal. En ese sentido, el 17 de febrero de 1999, el Director de ese programa le solicitó “su intervención para que con fines humanitarios actúe como mediador, en el intento de conseguir la liberación del señor Gerardo Zambrano Guío, víctima de secuestro”. En otros oficios se especificó que para estas gestiones no tenía que hacer una declaración pública, sino informar a esa entidad.

FALLO PODRÍA SER REVISADO

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Danilo Rojas, indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz podría revisar el fallo, que es de carácter administrativo. No obstante, como es crimen de lesa humanidad, los presuntos responsables “van a tener una consideración distinta. Por ejemplo, no serán objeto de amnistías, ahí hay una consideración muy especial por el hecho de ser un crimen de lesa humanidad”. 

EL CONDENADO

Por la muerte de Jaime Garzón fue condenado el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil a 38 años de prisión por el juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá, en marzo de 2014.

En la decisión fueron absueltos los que en ese momento se creía eran los autores materiales: Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias ‘Bochas’, y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias ‘Toño’. Esta absolución fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cartagena, en diciembre de 2005.