Algunas de las observaciones señalan que antes de que se de la expedición del decreto de la política de saneamiento del proceso de matrícula, se busque la concertación de la metodología de dicha política con el gremio de los transportadores. 

Para el Ministerio Público es motivo de preocupación que a la fecha no se hubiese podido avanzar en el punto relacionado con la política de costos y relaciones económicas del sector y sobre los incrementos en algunos peajes. 

De igual forma, la Procuraduría le reiteró al jefe de la cartera de transporte que en el punto 12 del acuerdo se estipuló la realización de una auditoría que le dé seguridad y transparencia a los procesos, al manejo de recursos y a la destinación de los mismos de forma exclusiva al programa de desintegración de vehículos de carga. 

En ese sentido, señaló la entidad, es que indispensable se especifiquen las condiciones para el desarrollo de esta actividad en tiempo, modo y lugar; así como dimensionar el impacto ambiental, tecnológico, económico y de seguridad vial.