La tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz Tello, que pide protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima al declarar constitucional la pregunta para la consulta popular minera de Ibagué, fue admitida por el Consejo de Estado, que ordenó suspender de manera provisional el proceso electoral previsto para el 30 de octubre.

El Consejo de Estado consideró que la tutela de Cruz no es la única recibida que cuestiona la providencia del 28 de julio de 2016 del Tribunal tolimense, por lo tanto serán acumuladas para decidir sobre ellas. La suspensión a la jornada electoral se haría para garantizar la efectividad de la sentencia de tutela, y los derechos fundamentales que puedan resultar afectados si se permite participar en la consulta popular sin que dicha corporación la haya examinado, según afirmaron.

Por lo tanto el documento reza: “Podría resultar mucho más caótico que se someta a consulta la pregunta, a pesar de que la providencia que la declaró constitucional está siendo cuestionada mediante varias acciones de tutela, pues la votación prácticamente culmina con el trámite de la consulta popular”.

Es de aclarar que la consulta popular no ha sido anulada, ni se ha aplazado, ya que todo depende de la decisión del Consejo de Estado la cual no tiene una fecha específica para dictar la sentencia de tutela.

El demandante

Alberto Enrique Cruz Tello es el presidente de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima, y gerente del comité promotor del abstencionismo que fue inscrito ante la Registraduría para la consulta popular. EL NUEVO DÍA habló con Cruz quien afirmó:

“Se dieron cuenta de lo sesgada que está la pregunta y todo lo que interpusimos, ya que encuentran que hay viabilidad a lo que estamos pidiendo, la pregunta es totalmente sesgada como la de Pijao en Quindío, por eso estamos promoviendo la abstención, fueron cuatro puntos que se interpusieron en la tutela; quizás podrían resarcir la pregunta, además esto no es popular como se dice, porque la que la instauró fue la Alcaldía.

“Los puntos que tuvimos en cuenta fueron: Que para el momento que se promovió la consulta los alcaldes no podían hacerlo según lo establecía la Ley, a pesar de que en mayo tumbó la Corte, es decir que desde el primer momento estuvo viciada; el otro punto es la presentación de la pregunta; el tercero es el proceso dado en el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual vemos viciado; y el último es el tiempo, ya que tenían 10 días para tomar la decisión y se tomaron más de 2 meses”, aseguró.

Reacciones

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo habló con Semana, desde la cumbre mundial de Alcaldes en Bogotá, diciendo: “Nos parece muy extraño que justo ayer (el martes) saliera una decisión de la Corte Constitucional que define cómo los municipios tenemos derecho sobre el suelo, que no es solamente facultad de la nación, que podemos definir su uso, y al otro día paran una decisión tan importante para decidir sobre el uso de este territorio que es de vocación agrícola”.

Uno de los comités promotores del ‘No’, mediante un comunicado aseguraron que continuarán las actividades pedagógicas en todo el municipio e invitaron a un “Carnaval por el agua y la vida del próximo 30 de octubre”, ya que al parecer de no cumplirse la consulta popular en esa fecha se hará una movilización.

Por su parte, Cristian Martínez, director regional de la Misión de Observación Electoral (MOE) Tolima, expresó: “Ante la medida cautelar del Consejo de Estado esperamos que la Administración municipal tome una determinación frente a la Consulta, además que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie frente a esto, ya que es inusual, a fin de dar claridad a los comités y a los ciudadanos sobre cuál debe ser el derrotero a seguir para los próximos días”.